El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado y archivado la querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen, integrada en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, el pasado 8 de junio.
El auto del juez, que se apoya en el informe de la Fiscalía contrario a la admisión de la denuncia, considera que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal, y se remite a su persecución en la Corte Penal Internacional (CPI), donde ya está siendo investigado Netanyahu por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Independientemente de esta querella, la Fiscalía acordó precisamente a mediados de septiembre poner en marcha un equipo de trabajo para recopilar indicios de posibles violaciones del derecho internacional por parte del Ejército del Estado de Israel en Gaza y cooperar en la investigación que tiene abierta la CPI.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, adoptó esta decisión en un decreto a petición de la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, tras analizar un informe que la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio a su unidad.
La querella fue presentada por uno de los activistas de la Flotilla de la Libertad
La querella ahora inadimitada fue presentada por el español Sergio Toribio, miembro de la Flotilla de la Libertad en España, y por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe- y se dirigía, además de contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante David Saar Salama, los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, encargada del abordaje, y contra el excomandante y actual portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.
Estos hechos, según los querellantes, eran constitutivos de un delito de lesa humanidad (con detención ilegal y deportación) y de otro delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
"El contenido de la querella impide la atribución del conocimiento de esta a la jurisdicción española al no concurrir los presupuestos del artículo 23.4 a) y b) de la Ley orgánica del Poder Judicial y debemos invocar la persecución de estos delitos, en el presente tiempo a la Corte Penal Internacional, regida por el Estatuto de Roma, ratificado por España, que tiene carácter permanente y autónomo", concluye el instructor.
La reforma de la llamada ley de justicia o jurisdicción universal, auspiciada por el Gobierno del PP en 2014, "acota", según recuerda el juez, los límites de la jurisdicción española para investigar delitos cometidos fuera de España, siendo los de lesa humanidad y crímenes de guerra o conflicto armado, "los que han quedado apartados del principio de justicia universal, salvo extraordinarios o rarísimos casos".
Invoca a la Corte Penal Internacional
Es por ello por lo que el magistrado rechaza admitir la querella e invoca la persecución de estos delitos a la CPI, que precisamente en noviembre de 2024 dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023.
Según el relato de la querella, durante el abordaje "se utilizaron drones, gases lacrimógenos, armas no letales y se procedió a la detención arbitraria de los doce tripulantes, todos civiles desarmados, sin advertencia previa ni orden judicial, en ausencia de cualquier amenaza militar".
El texto denunciaba que los detenidos -entre ellos activistas como Greta Thunberg (Suecia), Rima Hassan (Francia) y Thiago Ávila (Brasil)- fueron trasladados por la fuerza a Israel, incomunicados, despojados de sus pertenencias y sometidos a intentos de adoctrinamiento forzoso, con amenazas de obligarlos a ver material propagandístico. El barco Madleen transportaba alimentos, medicinas y material médico destinados a la población civil palestina, en el contexto de un bloqueo calificado como ilegal por Naciones Unidas.
