Los trámites previos a los futuros Presupuestos Generales del Estado de 2026 se encuentran ya fuera de plazo y continuarán acumulando retrasos durante las vacaciones veraniegas del Gobierno español, que esta semana ha reiterado su compromiso con la presentación de unas nuevas cuentas.
"El Gobierno de España presentará Presupuestos Generales del Estado para 2026", subrayó esta semana el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, durante un encuentro con medios para hacer balance del curso político, en la que eludió aclarar qué sucederá si no consigue recabar suficientes apoyos para sacarlos adelante.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, coincidió con Sánchez en la voluntad de presentar las cuentas, aunque matizó que "no se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad para poder aprobarlas".
Precisamente esta falta de respaldo parlamentario es la que mantiene en vigor las cuentas de 2023, aprobadas la pasada legislatura y prorrogadas ya dos veces, una situación inédita que ha provocado una falta de ajuste al contexto actual que se ha ido solventando con modificaciones de crédito y gracias a que los fondos europeos funcionan como "otros presupuestos", según Sánchez.
Así, la aprobación de un presupuesto que esté en vigor el 1 de enero próximo es esencial para resolver la anómala situación actual y que las cuentas de Estado reflejen adecuadamente el contexto de crecimiento económico, inestabilidad internacional y aumento del gasto en defensa.
Además, las futuras cuentas tendrían que recoger cuestiones tradicionales, como la subida salarial de los funcionarios, la actualización de las pensiones y de las entregas a cuenta de comunidades autónomas y ayuntamientos –ya comunicadas para dar "certidumbre"– o la revisión del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que lleva congelado en 600 euros mensuales desde 2023.
Retraso en los trámites previos
El Gobierno español ha mostrado su compromiso con la presentación de los presupuestos de 2026 cuando todavía no ha renunciado a los de 2025 –algo inviable, ya que de aprobarse entrarían en vigor a final de año– y no ha comenzado los trámites previos para los del próximo año, que están fuera de plazo.
A mediados de julio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya alertaba de la "fuerte incertidumbre institucional" que mantiene "congelado" el marco fiscal estatal, una parálisis que se extenderá, al menos, hasta que finalicen las vacaciones del Ejecutivo de Sánchez.
Tal y como apuntaba la AIReF, todavía no se ha publicado la orden de elaboración de los presupuestos (que suele llegar al Boletín Oficial del Estado al inicio del verano), no se han actualizado las previsiones macroeconómicas ni se han presentado los objetivos de estabilidad para los próximos tres años, un requisito que legalmente debe cumplirse antes del final de junio, pero que Montero remite a septiembre.
Objetivos de estabilidad, primer escollo
Los objetivos de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) definen los márgenes en los que se pueden mover las futuras cuentas sin incumplir los compromisos con la Unión Europea y constituyen el primer escollo presupuestario, ya que requieren de aprobación parlamentaria.
La tramitación de la senda se extiende a lo largo de varias semanas –normalmente, el mes de julio–, por lo que incluso si se presentaran a la vuelta de vacaciones –el próximo Consejo de Ministros está previsto para el 26 de agosto–, el Gobierno de Sánchez manejaría plazos ajustados para anunciar el proyecto presupuestario a tiempo, antes del 30 de septiembre.
En primer lugar, el Ejecutivo español tiene que presentar su propuesta de objetivos a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a las corporaciones locales en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), donde Hacienda tiene la mitad de los votos, lo que garantiza su aprobación.
Después, el Consejo de Ministros aprueba los objetivos y los remite al Congreso junto al techo de gasto –que no se vota–. Si resultan aprobados pasan al Senado y, si la Cámara Alta los avala, quedan definitivamente aprobados; en caso contrario, vuelven al Congreso.
Los objetivos de estabilidad actualmente en vigor son los recogidos en el programa de estabilidad de abril de 2023 –déficit del 2,7 % para 2025 y del 2,5 % para 2026–, previos a la reforma de las reglas fiscales europeas, ya que el Gobierno español no logró aprobar unos nuevos para el periodo 2025-2027 ante la exigencia de Junts de dar mayor margen a las autonomías.
En caso de que la senda de estabilidad no sea aprobada, el Gobierno de Sánchez tendrá que presentar una nueva y, si esta también se rechaza, se mantendrían en vigor los últimos objetivos remitidos a Bruselas, ya muy desfasados.
Con los objetivos en vigor –ya sean los nuevos o los del programa de estabilidad–, el Ejecutivo español tendrá que elaborar el proyecto de presupuestos y remitirlo a las Cortes antes del 30 de septiembre, un plazo que da un margen de unos tres meses para culminar la tramitación parlamentaria, aunque en los últimos años este requisito se ha cumplido con algunas semanas de retraso.
