Los grupos del PP y Vox se han quedado solos este martes en el pleno del Congreso en su negativa a una reforma del Reglamento de la Cámara para regular la actividad de los periodistas parlamentarios.
Ambos grupos han rechazado la proposición de reforma presentada conjuntamente por el PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria, y apoyada por Podemos, para garantizar la labor periodística tras los episodios de "intimidación" y "faltas de respeto" de los últimos meses por parte de personas acreditadas como profesionales de la comunicación.
Todos los grupos proponentes han coincidido en la necesidad de reforzar la actividad de los periodistas en el Congreso con medidas sancionadoras para quienes tengan comportamientos contrarios al decoro, como ya existen en otros parlamentos.
"No limita derechos, protege la convivencia institucional", ha subrayado el diputado socialista Joaquín Martínez, quien ha precisado que la reforma responde a una petición oficial de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
Ha arremetido contra quienes utilizan sus acreditaciones de prensa para propagar "bulos" y convertir el Congreso en un "espectáculo" y ha negado, al igual que los diputados del resto de formaciones que apoyan la reforma, que la nueva regulación suponga recortes en la libertad de expresión e información, como argumentan PP y Vox.
La diputada del PP, Carmen Navarro, ha acusado a los partidos firmantes de buscar "purgas" de periodistas, dividir y restringir derechos y ha advertido del riesgo de convertir el Reglamento en un "instrumento de censura".
Navarro ha denunciado un regreso a la Inquisición, al igual que el diputado de Vox, Jacobo González-Robatto, para quien la reforma solo persigue silenciar y expulsar del Congreso a los periodistas críticos que no se pliegan al Gobierno de Pedro Sánchez.
En el mismo sentido se han pronunciado el diputado de UPN Alberto Catalán, que también ha rechazado la reforma.
La reforma plantea que la Mesa del Congreso regula el procedimiento para conceder y renovar acreditaciones a los medios teniendo en cuenta criterios como el respeto al "derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".
El texto propone la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, formado por un miembro de cada grupo parlamentario y por colectivos del ámbito de la información, y plantea hasta 17 tipos de infracciones por incumplimiento.
Entre las muy graves, figura la falta de respeto o de las reglas de cortesía frente a otras personas en el interior del Congreso o en las zonas de acceso al mismo, así como la grabación de imágenes o audios por medio de dispositivos ocultos en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos.
Las infracciones leves pueden provocar un apercibimiento y la suspensión de la credencial de hasta diez días hábiles, un periodo que puede llegar a los tres meses en el caso de las infracciones graves.
En el caso de las infracciones muy graves es posible una suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o, incluso, su revocación definitiva.
