El BOE publica la ley para disolver asociaciones franquistas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado la reforma de la ley orgánica reguladora del derecho de asociación que incluye como causa de disolución la apología del franquismo, adaptando la normativa a la ley de memoria democrática.

Esta ley, impulsada por el PSOE, fue aprobada definitivamente el pasado 19 de junio por el Congreso de los Diputados con el apoyo de sus socios de investidura y el rechazo de PP y Vox, que la consideran inconstitucional.

Ley de memoria democrática

La intención del PSOE con esta ley es impedir la posibilidad de que se convierta en una asociación la Fundación Francisco Franco, cuya extinción tiene previsto pedir el Gobierno este mismo año ante la Justicia en aplicación de otro punto de la ley de memoria democrática.

La modificación añade una nueva disposición adicional a la ley orgánica reguladora del derecho de asociación, que establece que "con independencia de los fines y actividades sociales recogidos en los estatutos, y de su inscripción registral", será causa de disolución, mediante resolución judicial, la realización de actividades que constituyan apología del franquismo.

Y define esta apología como un ensalzamiento del golpe de Estado de 1936, de la dictadura posterior o de sus dirigentes, "cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas" del golpe de Estado, de la guerra civil o del franquismo, o "incitación directa o indirecta al odio o violencia" contra ellas.

La ley también establece que corresponderá al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción en este tipo de procesos y será este el que, en todo caso, valore el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos como el de asociación ilícita, cuando concurran los supuestos de incitación al odio o a la violencia descritos.

El texto reconoce "legitimación activa" en esta materia a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura. Esta ley, según establece el propio texto, entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.