El Tribunal Constitucional empieza a estudiar el borrador de sentencia sobre la amnistía

El Tribunal Constitucional comenzará mañana en un pleno el estudio de fondo de la ley de amnistía, en base al borrador de sentencia elaborado por su vicepresidenta, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, para responder al recurso del PP, que avala lo esencial de la amnistía argumentando que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”.

Respecto a la motivación de la amnistía, que el PP achacaba a “una transacción política para asegurar la investidura a la Presidencia del Gobierno”, Montalbán subraya que las leyes siempre responden a “criterios de oportunidad política”, de modo que “su porqué es jurídicamente indiferente”.

Según la magistrada, el TC solo debe hacer “un control meramente externo” de que se dan las “circunstancias extraordinarias” que, según la doctrina constitucional, habilitan a conceder una amnistía, “sin reexaminar el juicio político subyacente”. Concluye que la ley no es un “capricho” porque busca “mayor paz ciudadana”.

Solo da la razón al PP en tres cuestiones: ve inconstitucional la “asimetría” para amnistiar a quienes apoyaron y se opusieron al procés; que la ley incluya “una habilitación insólita” para continuar con las “actividades criminales en el futuro”; y que solo imponga escuchar a Fiscalía y a los organismos públicos perjudicados en las causas en el Tribunal de Cuentas para pedir su archivo.

La malversación, pendiente

Del escrito redactado por Montalbán destaca que no habla del delito de malversación, al parecer porque el PP no lo pidió expresamente. Por tanto, lo más probable es que haya que esperar a los recursos de amparo de los propios líderes independentistas para que el TC se pronuncie al respecto.

Este punto es fundamental porque la interpretación que hizo el Tribunal Supremo del delito de malversación y de la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE en el procés es lo que ha impedido aplicar plenamente la amnistía al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al que fuera su número dos, Oriol Junqueras.

El Supremo entiende que la malversación del procés recae en una de las excepciones que contempla la propia ley para no aplicarla: que obtuvieron un beneficio personal. En este sentido, ha incidido auto tras auto en que los líderes independentistas no pagaron de sus bolsillos el referéndum del 1 de octubre de 2017 sino que lo costearon con dinero público persiguiendo un interés partidista.

Fuentes jurídicas anticipan que, incluso con una ley declarada constitucional, se mantendrán las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Lluís Puig, así como las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el procés.

Mañana la magistrada se limitará a explicar su propuesta a los magistrados, sin que se produzca deliberación alguna. Estas comenzarán en el siguiente Pleno, que arrancará el 24 de junio y que se espera que acabe sentenciando. En el marco del debate, se responderá a las peticiones pendientes del PP, el Senado y los magistrados conservadores Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel, que instan a paralizar esta primera sentencia sobre la amnistía hasta que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva las cuestiones planteadas o a que el propio TC formule una.