Las hermanas de Lasa y Zabala exigen la cesión a Donostia del palacio de La Cumbre

El objetivo es convertir este lugar, donde fueron torturados y asesinados Joxean Lasa y Joxi Zabala, hermanos de ambas, en un espacio memorialístico enfocado a “las graves violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y grupos parapoliciales en Euskadi” durante la dictadura Franquista, la Transición y años posteriores.

La cesión de La Cumbre está incluida en el acuerdo alcanzado por el grupo parlamentario de EH Bildu en el Congreso de los Diputados con el Gobierno de Pedro Sánchez para que la coalición independentista apoyara la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022.

Los colectivos Aranzadi, Argituz, Egiari Zor, Mikel Zabalza Herri Ekimena y Berridatzi han elaborado una propuesta que ha sido presentada en la Comisión de Derechos Humanos de las Juntas Generales a petición de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. En la exposición del proyecto, a Pili Zabala y Asun Lasa les acompañó Javier Buces, historiador y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

En su comparecencia, Zabala criticó las resistencias que están frenando la entrega del edificio a manos municipales. En su alegato, admitió que en el futuro espacio deberá haber lugar para todas las conculcaciones de derechos humanos, pero fue tajante al señalar que existe un mandato para que el palacio de La Cumbre sea cedido al Ayuntamiento. “Han pasado dos años y medio y no se ha cumplido con ese mandato. Me pregunto porqué tanta resistencia para materializar lo que dice la ley. Flaco favor hacemos a la convivencia”.

Zabala criticó que a día de hoy a las víctimas de la violencia del Estado no se les han reconocido los mismos derechos y defendió la necesidad del proyecto en consonancia con el principio que en materia de Derechos Humanos establece que “ante la misma conculcación corresponden los mismos derechos”.

La opinión de los partidos

En el turno de intervenciones, el representante del PNV, Ianko Ganboa, afirmó que La Cumbre “tiene que hacer referencia a todas las víctimas y todas las violaciones, pero su eje principal debe ser el relato de lo ocurrido a Lasa y Zabala”, que debe servir para contribuir a la reflexión sobre “la guerra sucia, la tortura o la violencia policial”.

Ganboa abogó por un espacio que sepa equilibrar todos los sufrimientos y conculcaciones de derechos humanos y “la tortura es una conculcación gravísima de los derechos humanos”. Tras la entrega del edificio al Ayuntamiento, abogó por “una labor compartida con respeto y cariño hacia todos los sufrimientos”.

Luix Barinagarrementeria, de EH Bildu, incidió en que la cesión debía haberse concretado ya y afirmó que “todas las víctimas merecen reconocimiento pero hasta ahora se ha realizado de forma descompensada en perjuicio de las víctimas de la violencia del Estado”. En su opinión, el proyecto de La Cumbre servirá de “escenario visual” de su memoria.

Arritxu Marañón, del PSE incidió también en que los acuerdos, en referencia al que alcanzaron Pedro Sánchez y EH Bildu, “están para cumplirse” pero consideró que, dado que la cesión es al Ayuntamiento de Donostia, “es ahí donde debe ser tratada la propuesta”.

El PP fue beligerante con el proyecto porque entiende que margina a las víctimas de ETA, lo que a su juicio, es “indignante”, “injusto” y “jurídicamente cuestionable”. Jorga Mota, cuyo hermano, funcionario de prisiones, fue asesinado por ETA, quiso remarcar que no se opone a que La Cumbre recuerde las violaciones de derechos humanos cometidas por el franquismo o los cuerpos de Seguridad pero “siempre que estén documentadas y cuenten con un respaldo judicial”.

Ante esta última consideración, Pili Zabala le recordó la barrera que supone la ley de secretos oficiales, remarcando que “tenemos un largo camino para conocer la verdad mientras permanezca este ley anticonstitucional”.

Elkarrekin Podemos, por boca de Marivi Eizagirre, defendió la urgencia de la cesión del edificio y señaló que la creación de La Cumbre como espacio de memoria “no significa igualar los procesos que han llevado a la victimización ni a los que lo han perpetrado sino tomar una posición de respeto y empatía que incluye todos los sufrimientos, pero estableciendo la diferenciación”.

Un lugar bunkerizado

El palacio de La Cumbre es un espacio absolutamente bunkerizado, con muros, alambres y cámaras de vigilancia. Un agujero negro escondido a los ojos de los propios donostiarras, lo que propició que fuera convertido en un espacio de impunidad en cuyo sótano un grupo agentes de la Guardia Civil, bajo el mando del comandante Enrique Rodríguez Galindo; y con el beneplácito del entonces gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga, mantuvieron secuestrados y torturaron hasta la muerte a los jóvenes Joxean Lasa y Joxi Zabala hace más de 41 años. Fue el primer atentado de los llamados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).

Según detalla el documento presentado por estos colectivos memorialistas junto con las familias de Lasa y Zabala, “la misión principal de este itinerario será crear un espacio de memoria, reconocimiento, emoción, convivencia, educación y también de reflexión”, con el objetivo de “crear conciencia” y “dar a conocer la verdad de todas las vulneraciones de derechos humanos acontecidas durante el periodo objetivo de este proyecto”; así como de las barbaries y la represión de otros regímenes autoritarios” y “difundir la importancia de los Derechos Humanos” y “la no discriminación” de ningún tipo. visitas y rutas guiadas.

Además de exposiciones audiovisuales, infografías interactivas, la instalación de esculturas en los jardines y el edificio, proponen la organización de visitas y rutas guiadas en el propio espacio y también a través de la ciudad, el territorio, recorriendo el mapa de lugares de memoria definidos en la propia ley de 2022. Así como charlas, talleres didácticos y debates. Actividades dirigidas a alumnos de centros educativos por un lado y a la ciudadanía en general también.

Por último, estos colectivos plantean que el patronato del centro de Memoria de La Cumbre se abra a otras entidades, conservando el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia un 50%; y cediendo un 10% a asociaciones y fundaciones de víctimas del Franquismo; otro 30% a víctimas de la guerra sucia del Estado como las propias proponentes: Berridatzi Fundazioa, Egiari Zor fundazioa y Familias Lasa-Zabala. Y otro 10% a figuras de reconocido prestigio entre los que citan al forense Paco Etxeberria, por ejemplo.