La pareja de Isabel Díaz Ayuso señala al "equipo" del fiscal general por la filtración que investiga el Supremo

Así lo expone en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, donde se opone a los recursos presentados por la Abogacía del Estado en nombre de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para impugnar los registros efectuados el pasado 30 de octubre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus respectivos despachos.

El abogado acusa a la Abogacía del Estado de invocar la nulidad de pleno derecho de ambos registros basándose en una "irrealidad procesal y material", al actuar "como si no existieran las conductas que, en relación a los hechos, ya se conocen de los investigados" como resultado de la instrucción, tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como en el TS.

En respuesta, recuerda que el objeto de las pesquisas afecta al "total de conductas protagonizadas por los aquí investigados --y, seguro, por terceros-- entre los días 7 y 14 de marzo con ocasión de la revelación de todas las actuaciones preprocesales desarrolladas por el Ministerio Fiscal antes de que ni tan siquiera existiera procedimiento penal alguno" contra González Amador.

Y lo hace ampliando la lista de supuestos responsables de la filtración tanto de la cadena de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, para intentar llegar a un acuerdo; como de la noticia sobre las pesquisas que se dirigían en su contra.

González Amador menciona en particular a la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ana García León, y a su 'número dos', Diego Villafañe, por las conversaciones de WhatsApp que tuvieron entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 con Rodríguez sobre la investigación contra la pareja de la mandataria regional.

Se basa para ello en el informe elaborado por la UCO sobre el material incautado a Rodríguez durante el registro a su despacho, el cual comienza con un mensaje de WhatsApp enviado el 8 de marzo por Villafañe a la jefa de la Fiscalía Provincial donde éste le indica que faltan páginas por escanear del expediente referido a González Amador, y le pide corregirlo.

En mensajes posteriores, concretamente el 13 de marzo, Rodríguez precisó, en conversación con García León, que fue el 7 de marzo cuando envió "todo" lo relativo a las diligencias contra González Amador a Villafañe. "Así que imagino que después de analizarlas es cuando se ha dado publicidad por FGE", dijo la fiscal jefe provincial a su interlocutora.

La UCO destacó el hecho de que la denuncia contra González Amador se publicara en prensa el 12 de marzo, "es decir, tan solo cuatro días después" de que la Fiscalía General del Estado la recibiera "de manera completa" desde la Fiscalía Provincial de Madrid, por lo que achacó al Ministerio Público la filtración de las acciones penales contra el novio de Díaz Ayuso.

DEJÓ DE SER UN "CIUDADANO ANÓNIMO"

González Amador hace la misma lectura que la UCO, enfatizando que la información se publicó "antes de la existencia de actividad alguna de reparto de la denuncia" en los juzgados de instrucción de Madrid.

"Desde ese momento", alega el escrito, González Amador dejó de "ser tratado como un ciudadano anónimo", "pasando a tener el tratamiento asociado a ser la 'pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid', lo que ha supuesto que toda la información, documentación, datos personales y contenido reservado consecuencia del ejercicio de la función pública preprocesal atribuida al Ministerio Fiscal que estuvo en su mano haya sido objeto de revelación pública".

Además, acusa directamente a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid de estar "mintiendo de forma absoluta al órgano instructor" por declarar que no recordaba "haberse enterado de la filtración y publicación de la denuncia por la prensa", cuando "tenía perfecto conocimiento de la noticia, como cualquiera".

En cuanto a García Ortiz, le vuelve a acusar de "obstaculizar y paralizar las investigaciones", asegurando que "el otro único interés" mostrado por el fiscal general "ha sido mantener su condición de superior jerárquico de María Ángeles Sánchez Conde", la fiscal del caso y su 'número dos'.

También afea a la Fiscalía no haber iniciado "investigación alguna, ni por esta revelación de la denuncia, expediente tributario y diligencias de investigación, ni por ninguna otra de las que le sucedieron".

SÁNCHEZ ACERA Y LOBATO

El abogado de González Amador hace mención asimismo al acta notarial encargada por el ex secretario general del PSOE Juan Lobato donde se refleja que a las 8:29 del 14 de marzo, antes de que la Fiscalía difundiera la nota de prensa con la cadena completa de 'emails', la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera le ofreció el documento con la confesión de los delitos fiscales para que la usara "como herramienta política en el Pleno de la Asamblea de Madrid a celebrarse ese jueves".

El resultado, asegura, es que "desde el 14 de marzo de 2024, como consecuencia de los hechos relatados, y antes de que ningún proceso penal se dirigiera frente a González Amador --ni tan siquiera existía--, el mismo pasó a ser denominado de forma pública 'delincuente confeso' por todos los políticos de grupos rivales al de su pareja sentimental y por los mismos medios de comunicación a los que se les filtró para que trocearan y revelaran a su antojo" la información.

"De esta forma se consumó la lesión de forma absoluta y definitiva de los derechos fundamentales a la intimidad, a la protección de datos, a la presunción de inocencia y el derecho de defensa, con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial, proporcional a la intensidad, tipicidad y relevancia de los hechos que nos ocupan y de las personas protagonistas de las conductas delictivas", afirma.

DEMANDA A PERIODISTAS Y A RTVE

González Amador ha anunciado acciones legales contra el periodista Xabier Fortes de TVE y los colaboradores Enric Juliana, Luis Arroyo y Pablo Simón por llamarle en un programa defraudador confeso, además de contra RTVE.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que se ha presentado una solicitud de conciliación contra Fortes y los tres colaboradores, que es requisito previo a la interposición de una querella, sin perjuicio de que finalmente se acuda a la vía civil.

El propio Fortes, en un comunicado remitido a EFE, ha explicado que el pasado 5 de diciembre, minutos antes de empezar a presentar La Noche en 24 horas, recibió un burofax de la representación legal de González Amador en el que se le comunicó un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias.

Lo justificó por haberse referido a la pareja de Ayuso como 'autor confeso de un fraude fiscal' en relación al procedimiento judicial en el que se declaró culpable de dos delitos fiscales por defraudar 350.951 euros.

Dice el periodista que "no deja de ser chocante la interposición de dicha querella cuando el propio González Amador, por medio de su abogado, reconoce en un documento remitido a la Fiscalía que 'ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública'

Y añade: "Ya lo pronosticó en su día 'El Mundo Today' en su habitual tono irónico: el defraudador confeso González Amador se querellará contra todo el que le llame defraudador confeso".

Fortes advierte de que han sido ya varios los querellados por los mismos motivos y que como acto previo a la querella se le insta a un acto de conciliación y a una indemnización de 5.000 euros.

Pero el periodista "por si había alguna duda" se reafirma en la expresión utilizada, "por cuanto es obvio que el mismo querellante ha reconocido el fraude cometido en el documento remitido a la Fiscalía que han difundido los medios de comunicación y que no solo no ha negado sino que ha venido a validar al denunciar la filtración del mismo", unos hechos que investiga el Tribunal Supremo.

"No encuentro otra forma más breve y ajustada al diccionario que definir como defraudador confeso a alguien que confiesa ser un defraudador", subraya Fortes.

EFE ha contactado con Juliana, que se ha reafirmado en lo dicho ante lo que considera "una iniciativa que persigue limitar el derecho de información" siendo "un hecho que es de conocimiento público"; al igual que Luis Arroyo, que se reafirma "completamente".

Fortes, por otra parte, señala también que pedirá amparo al Colegio de periodistas de Galicia y al Consejo de Informativos de TVE, ante lo que considera "un intento de coacción" para impedir realizar su trabajo profesional.

Al margen de esta iniciativa, González Amador ha anunciado su intención de presentar una querella por injurias y calumnias contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, si no se retracta de las declaraciones en las que le llamó "defraudador confeso", y por las que solicita que le indemnice con 20.000 euros.

Recientemente demandó ante el Tribunal Supremo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por intromisión ilegítima en su derecho al honor, y le reclama por ello 40.000 euros, debido a unas declaraciones en las que afirmó que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".