Probablemente habrá que esperar hasta que se celebren las elecciones europeas del 9 de junio para despejar la neblina que empaña el debate en este intenso ciclo electoral pero, al menos, en las últimas horas los partidos han vuelto a poner en marcha el Parlamento Vasco con la jornada de constitución de la Cámara, que el pasado martes inauguró de manera oficial la decimotercera legislatura. Este jueves le seguirá el pleno para activar la comisión que estudia si algún representante desempeña un cargo incompatible con la labor parlamentaria, y el jueves de la semana que viene se votará su dictamen y se pondrá fecha a la sesión de investidura de Imanol Pradales, prevista para mediados de junio o para su tercera semana.
La intención del PNV es poner todos los cimientos antes del verano. Imanol Pradales designará a su Ejecutivo, celebrará los primeros Consejos de Gobierno (en principio, julio es un mes hábil), y tratará de sentar las bases de la legislatura antes de que en agosto el sector público, la justicia y la burocracia paren por vacaciones e impidan avanzar mucho más. También es periodo inhábil en el Parlamento, que a la vuelta, en otoño, tiene ante sí un ciclo teóricamente plácido por la mayoría absoluta de PNV y PSE, pero que será intenso políticamente, con la gestión de los Presupuestos, la agenda social y está por ver si también el nuevo estatus, todo ello en un contexto en el que EH Bildu empata por primera vez en escaños con el PNV, con 27, y podría debatirse entre una oposición pura y dura de desgaste, o una estrategia colaborativa para proyectar cierta centralidad y capacidad de gobierno.
El proyecto de Presupuestos para 2025 tiene que registrarse en la Cámara a finales de octubre. Su aprobación será probablemente el principal hito de este año en una legislatura marcada por la agenda social, las propuestas de mejora para Osakidetza, la vivienda, las ayudas al cuidado de los hijos (Pradales propuso extender los 200 euros hasta que los menores cumplan 7 años, o 10 para familias numerosas y monoparentales), y las tres transiciones energética, digital y demográfica. Habrá muchas miradas puestas en ese proyecto y se interpretará como la carta de presentación del nuevo lehendakari.
El PNV intentará ampliar los acuerdos en su gestión del día a día más allá de la mayoría absoluta que tendrá con el PSE. Pero el comentario que más repiten en privado desde diferentes ámbitos jeltzales es que, para ello, EH Bildu tendrá que querer recoger ese guante. Con la excepción del pacto presupuestario firmado en 2021, que tampoco condujo al voto favorable de EH Bildu sino solo a su abstención, y con la excepción también de la traca final de acuerdos de los últimos meses en materias como la transición energética, la coalición abertzale no ha alcanzado grandes pactos con el Gobierno vasco y votó en contra de sus leyes de Salud o Empleo. EH Bildu repite en sus entrevistas la idea del acuerdo educativo o de las bases del nuevo estatus, pero son acuerdos que finalmente se truncaron y no llegaron a serlo.
A nivel legislativo, a la espera de que PNV y PSE cierren su acuerdo de gobierno y puedan presentar un calendario, en los últimos coletazos de la anterior legislatura volvió a quedar en un limbo la Ley de Transparencia, que está redactada pero no aprobada por el Parlamento. La consejera Garamendi aseguró entonces que el siguiente Gobierno podría retomarla para aprobarla este año. Otro de los focos de interés es la gestión de la vivienda y la posibilidad de ampliar el consenso sobre la ley vasca.
El nuevo estatus
Pero la expectación se centra en la fecha para constituir la Ponencia de Autogobierno y reactivar el debate del nuevo estatus. En este terreno, se ha hecho patente la intención de EH Bildu de escenificar que lidera el debate, con su apuesta por reabrir la ponencia en tres meses. El PNV, hasta la fecha, ha seguido sus propios ritmos y ha reivindicado el papel, negro sobre blanco y muy concreto, que pactó con el presidente español, Pedro Sánchez, a cambio de su investidura, y que lo compromete a culminar el debate en un año y medio y a negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi y el blindaje de las competencias.
El respaldo de alguno de los principales partidos del Estado, en este caso del PSOE, es necesario para evitar que el texto que apruebe el Parlamento Vasco decaiga en el Congreso y quede reducido a un esfuerzo baldío. Pero EH Bildu lleva días presionando con la idea de la mayoría soberanista, el espíritu de Udalbiltza o la ambición nacional, ambición nacional que el PNV no le ha visto en su acción diaria en el Congreso ni en su nivel de exigencia a Sánchez o en defensa de las competencias vascas cuando se trata de aprobar leyes estatales.
La incógnita de Sumar y el enfado del PP
Por parte del resto de grupos, el único representante de Sumar no se ha alineado por ahora con EH Bildu y se abstuvo en las votaciones de la Mesa. Pero no quiere decir que no lo vaya a hacer más adelante y, de hecho, su representante es Jon Hernández, de IU y líder del PCE, que a finales de 2019 ya se desmarcó del pacto presupuestario alcanzado por su propio grupo, Podemos, y votó en contra. En paralelo, fuera de la Cámara, el sindicato ELA ha avisado de que la conflictividad seguirá.
El PP ha comenzado la legislatura con las espadas en alto y denunciando que ha sido excluido de la Mesa del Parlamento, aunque numéricamente la única opción era diluir al mínimo la representación del PNV, que ya cedió un escaño al PSE.
