El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, lamentó ayer miércoles que la ley de amnistía al proceso independentista catalán se justificara al principio pretendiendo un “cambio del relato” para establecer que “los malos ahora son buenos y los buenos son malos”.

“No me parece nada adecuado la inicial justificación que se produjo de la amnistía que implicaba ese cambio del relato: los malos ahora son buenos y los buenos son malos”, sostuvo en un desayuno informativo.

Guilarte no entró a valorar la medida de gracia que se tramita en el Congreso y tampoco si es o no constitucional, puesto que son “otras personas” las que tienen que hacerlo: “Ahí yo creo que no tengo absolutamente nada que decir”.

Eso sí, el dirigente del órgano de gobierno de los jueces señaló que lo que no le parece correcto es que con la amnistía se pretenda hacer un “descrédito absoluto del Poder Judicial”, que a su juicio es lo que “fundamentaba o justificaba” esa ley en sus inicios desde el ámbito político.

“En aquel momento se hizo lo que había que hacer”, subrayó Guilarte sobre la respuesta de los tribunales al procés, añadiendo que entiende que se utilice la amnistía como un instrumento de acción política que será valorado “donde deba valorarse y en su caso con los réditos o descrédito político que tenga”, pero que no comparte que se use la norma para atacar el trabajo del sistema judicial.

No a las comisiones

De igual modo, Guilarte criticó las “inaceptables” comisiones de investigación parlamentarias sobre lawfare (guerra judicial por motivos políticos). “Eso no se puede asumir desde esa perspectiva, yo soy enormemente crítico con que nos cambien el relato”, remachó.

En cuanto al enquistamiento de las negociaciones para la renovación del CGPJ entre PSOE y PP, el presidente interino insinuó que dimitiría si no se alcanza pronto un acuerdo. “Estaré a la espera de que se produzca ese acuerdo y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar este cargo”.

Igualmente advirtió a los dos partidos del riesgo de que se elijan para el órgano “militantes” en lugar de juristas.