Debería causar rubor el hecho de tener que acudir al literal del Estatuto de Autonomía para argumentar la exigencia de transferencia de una de las materias recogidas en el mismo, sobre todo, cuando hace ya casi medio siglo después de su aprobación.
Hay quien predica sobre la imposibilidad de este traspaso argumentando que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en Euskadi resultaría deficitaria. Simultáneamente, se señala que “Euskadi necesitaría de la solidaridad del resto de España para pagar sus pensiones porque con los ingresos de las cotizaciones no les da”. Si diéramos por bueno semejante argumento, hoy en día, no existirían Osakidetza, Ertzaintza, ETB… Jamás, desde un cálculo de puro coste económico, habríamos puesto en marcha, tampoco, una prestación pionera en el Estado como fue la RGI.
En Euskadi siempre hemos primado el interés y la cohesión social, unidos al rigor de una buena gestión, sin duda.
El Estatuto de Autonomía estableció que Euskadi debe asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y debería rechazarse, sin ambages, su obstrucción deliberada. Carece de toda lógica esta posición amparada en una previsión sobre la salud financiera del sistema público de protección.
Deberíamos tratar esta cuestión con algo más de rigor, de modo que pasemos a entender que no está en juego la tradicionalmente aludida “caja única”, la unidad del sistema, ni la solidaridad entre sus componentes. En el mismo sentido, la igualdad de contribuyentes y perceptores no depende del grado de concentración con el que se desempeña la gestión, sino del régimen legal de las decisiones, predeterminadas en la Ley.
Hay juristas que, con razón, opinan que el Tribunal Constitucional deja muy poco margen para asumir la gestión económica del sistema, pero obvian decir que los pronunciamientos del alto tribunal son referidos a Catalunya, y no a Euskadi, cuyas diferencias de capacidad y de autogobierno son sustanciales cuando se trata de analizar la autonomía financiera.
Es interesante recordar, en este punto, que las pensiones de jubilación no contributivas, en Euskadi, desde hace muchos años, son gestionadas y pagadas por las diputaciones forales. Nadie discute esa realidad y a nadie se le antoja calificar de privilegio tal situación. Hace bien poco, asumimos también la gestión del IMV, negociada hasta la extenuación.
Reclamo mucha más pedagogía e información veraz sobre el sistema de Seguridad Social. Necesitamos mucho más realismo para poder entender, como lógico y positivo, que la pensión de jubilación la gestione y la pague, en Euskadi, el Gobierno vasco. No hay ideología detrás de ese enunciado.
Abandonemos la tergiversación interesada. Hablemos, en positivo, sobre las muchas virtudes y posibilidades de futuro del sistema de protección pública de Seguridad Social, incluidas las relativas a las transferencias que, en virtud del principio democrático de legalidad, le corresponden a Euskadi.
*Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno vasco
