El PSOE ha dado su brazo a torcer tras las polémicas reducciones de condena a agresores sexuales que ha provocado la conocida como ley del solo sí es sí y ayer lunes admitió que en los próximos días va a presentar una iniciativa en el Congreso para tratar de corregir las consecuencias de la norma y cambiar las condenas para volver al escenario previo.

Por su parte, en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y en Unidas Podemos no rechazan frontalmente retocar algunos aspectos de la ley, pero el PSOE quiere ir más allá y presentar una reforma en toda regla que abarque el Código Penal. A esto último es a lo que se niegan los morados, que no quieren volver al escenario anterior a la entrada en vigor de la norma, por lo que todo indica a que el desencuentro de los socios aboca a una inminente crisis en el Gobierno español. Y es que en Podemos consideran que ningún cambio puede evitar que las rebajas de penas se sigan produciendo.

En cualquier caso, la portavoz de la Ejecutiva socialista, Pilar Alegría, fue clara ayer lunes al afirmar que su partido presentará “lo antes posible” una propuesta de ley para reformar la ley y “cerrar la puerta a los efectos indeseados” de la misma, aunque añadió que en ningún caso se tocará el “corazón” de la ley, el consentimiento de la mujer. Asimismo, fuentes de la dirección socialista precisan que esta iniciativa se va a presentar en un plazo “muy inmediato”.

“El PSOE va a presentar una proposición de ley con objeto de retocar y corregir los efectos indeseados que hemos detectado” a la luz de las distintas sentencias que se han venido produciendo, tras haberlas analizado, indicó Alegría, sin querer entrar en detalles sobre el contenido, más allá de apuntar a “un aumento de las penas de los agresores sexuales”.

La propuesta que defenderán los socialistas, elaborada por el Ministerio de Justicia, propone recuperar las penas del anterior Código Penal para evitar las rebajas a los condenados por delitos sexuales en los casos más graves, según adelantó la Cadena Ser.

El departamento que dirige Pilar Llop propone volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima, y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó que el Ejecutivo busca una reforma con “todo el rigor técnico y jurídico que permita paliar los efectos indeseados de la ley” y que sea “absolutamente impecable”.

“Queremos que en el conjunto del Gobierno seamos conscientes de que queremos corregirla con todo rigor de la mano de los expertos, de los catedráticos y los magistrados”, recalcó el ministro en un acto en Santander junto a Miguel Ángel Revilla.

Bolaños insistió en que “la inmensa mayoría” de la ley es positiva, pero se quieren corregir esos “efectos indeseados, que nadie quería”.

Pero desde Igualdad advierten de que ninguna reforma penal de la ley “puede frenar las revisiones” de condenas, ya que son consecuencia “de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley”.

Irretroactividad

Por último, el catedrático de Derecho de la UPV/EHU Juanjo Álvarez, respaldó en una entrevista en Onda Vasca las tesis de Igualdad al recordar que las leyes se basan en el principio de irretroactividad, que haría que una eventual reforma solo se aplicaría a las nuevas condenas.