La incorporación del exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo al Tribunal Constitucional (TC) sigue levantando ampollas no solo entre los partidos de la oposición, sino que también las genera en el seno de Unidas Podemos, el socio de Gobierno del Pedro Sánchez. Ayer fue el turno de que el portavoz de la coalición en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, pusiera en duda un fichaje que muchos ya han tildado como ejemplo de que las puertas giratorias siguen funcionando a pleno rendimiento. Eso sí, Echenique colocó el acento en que Campo podría haber sido premiado “por su buen trabajo” en la elaboración de la controvertida ley del solo sí es sí “yendo al Constitucional”.
A juicio de Echenique, “resulta muy sospechoso que nadie de los que han dicho que hay que modificarla hayan presentado una propuesta escrita” sobre una norma que es “jurídicamente impecable” y cuyo principal problema “está en su aplicación”. En un principio, el exministro del PSOE cumpliría todos y cada uno de los requisitos para hacerse con un sillón en el Tribunal Constitucional, como es el caso de su antigüedad ejerciendo como juez. Por ahí no habría ningún inconveniente. Sí lo hay, en todo caso, en el caso de su incorporación a propuesta del Gobierno –junto a la ex directora general del Ministerio de la Presidencia y catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez Bueso–, un movimiento de ficha que ha reabierto las heridas latentes entre las formaciones políticas. Y es que el TC, un organismo judicial sigue padeciendo un bloqueo casi permanente entre sus dos facciones: el ala conservadora y el bando progresista. Esos bloqueos han sido una constante durante la última legislatura y el organismo sigue operando bajo mínimos y en funciones.
“Es evidente que Campo ha hecho un muy buen trabajo porque ha sido premiado yendo al TC”
Echenique, presente ayer en Gasteiz durante un acto político junto a la coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, y los candidatos a las alcaldías de la capital alavesa, Garbiñe Ruiz; Bilbao, Ana Viñals, y Donostia, Víctor Lasa, también se refirió a la marejada que parece hacerse instalado en el Congreso durante las últimas sesiones plenarias. La crispación que se viene produciendo en los debates, que no “se puede utilizar términos como ruido, barullo o crispación”, no debería de ser utilizada “para meter en el mismo saco a los fascistas y a los que defendemos los derechos humanos”, indicó. Tras salir en defensa de su compañera de partido y ministra de Igualdad, Irene Montero, por haber usado el término “cultura de la violación” para definir dos campañas del PP en Galicia y Madrid, ahondó que este es un término que utiliza la ONU, que Montero “estuvo utilizado con rigurosa exactitud”. La ministra levantó a la bancada popular en una sesión que concluyó con una petición de dimisión por parte del PP y una tibia posición de defensa del PSOE, que provocó el desmarque socialista a las palabras de la titular de Igualdad. Echenique no dudó en lamentar el papel de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ordenó retirar la expresión del diario de sesiones.
Por último, Echenique advirtió de los últimos movimientos –en la ley trans o la de vivienda– que vienen realizando sus socios de Gobierno. Alertó de que “no es el momento de frenar los avances sociales para ir a buscar los votos de la derecha”. De hecho, afirmó que el PSOE está produciendo “demasiadas señales preocupantes e inquietantes”, hasta el punto de llegar a trasladar, sobre todo tras aprobar los terceros Presupuestos Generales del Estado de la legislatura, que en el partido de Ferraz “tienen la sartén por el mango y que pueden frenar los avances sociales para ir a buscar votos a su derecha”.
