Nadie, excepto el PSOE, cree a Fernando Grande-Marlaska. Todos los socios del Gobierno de Pedro Sánchez han acusado hoy al ministro de “mentir” y ocultar información en su relato sobre los hechos ocurridos el pasado junio en la frontera de Melilla y han reclamado que se active una comisión de investigación para aclarar lo sucedido. Los representantes de PNV, EH Bildu y ERC han cuestionado que el responsable de Interior continúe en su cargo cuando, a su entender, no ha contado la verdad en relación a la actuación de los cuerpos de seguridad en la frontera, la muerte de migrantes en territorio español, la realización de devoluciones en caliente o la falta de auxilio a heridos en la valla. Marlaska ha aprovechado su segunda comparecencia en la Cámara baja para reiterar que no hubo fallecidos en el lado español de la frontera y para negar desatención sanitaria a los heridos, exigiendo además una rectificación a quienes piden su dimisión guiados por “falsedades e indignidades”.

El ministro de Sánchez ha arremetido sobre todo contra el PP, que demandó su dimisión tras la nueva investigación de Lighthouse Reports respecto al caso, y también de forma indirecta contra el resto de grupos, entre ellos los socios del bloque de la investidura, por unir lo ocurrido el 24-J no con un “ataque violento intolerable” a la frontera sino con la imposibilidad de solicitar asilo por parte de los subsaharianos. Su discurso se ha centrado en insistir que las muertes se produjeron en Nador, suelo marriquí, y ha defendido la “proporcionalidad” de la Guardia Civil, desligando su operativo de los al menos 23 fallecidos. En paralelo, ha avalado que los rechazos en frontera desde el Estado español se gestaron respetando la ley y tras “constatar que no había personas vulnerables”. “No hay otros hechos, por mucho que moleste a quienes, desde su sesgo y su verdad preconcebida, querrían otra verdad, que quieren construir pero que no existe”, ha persistido Marlaska, lamentando que se “retuerzan argumentos catastrales” sobre la delimitación entre España y Marruecos”.

El portavoz de Interior del PNV, Mikel Legarda, ha empleado el termino “enrocar” para describir la actitud del ministro y más concretamente en lo referente a las supuestas muertes. Para el dirigente jeltzale, “es palmario, según los videos”, que tras la avalancha, “cedieron las puertas” del lado español, a la vez que “los gendarmes marroquíes empezaron a presionar por la espalda” a los migrantes. “Lo que produjo la estampida”, ha analizado. “La trascendencia y gravedad de los hechos, que afectan a derechos humanos como señaló la Fiscalía, la necesidad de transparencia de cara a la sociedad y la reflexión sobre las medidas para que esto nunca más vuelva a suceder o para paliar sus efectos en todas sus dimensiones o para reconsiderar los rechazos en frontera reclaman la creación de una comisión de investigación”, ha argumentado Legarda, quien le ha interpelado en profundidad: “¿Se pudo hacer algo para evitar lo que sucedió? ¿Se pudo hacer algo para atender a las personas heridas? ¿Por qué causas murieron? ¿Por qué estaban inoperativas las cámaras de seguridad del puesto fronterizo? ¿Por qué la Guardia Civil no entra en el puesto fronterizo hasta las 13.00 horas? ¿Por qué los rechazos en frontera no se realizan en la línea de la frontera? ¿Por qué Marruecos no ha facilitado ninguna información? ¿Considera que España puede desentenderse de lo que pasaba a escasos metros del puesto fronterizo?”. Han sido algunas de las más de 15 preguntas que le ha formulado y se han quedado sin respuesta.

Un relato "racista"

Asimismo, desde EH Bildu, su diputado Jon Iñarritu ve necesaria dicha investigación oficial ante la “divergencia de posicionamiento” que existe entre los representantes políticos que visionaron las imágenes de la frontera y la de Marlaska, ya que “hay pruebas suficientes” a través de los videos, las investigaciones periodísticas o el posicionamiento del Defensor del Pueblo, la comisaria europea de Derechos Humanos o el relator de Derechos Humanos de Acnur, que demuestran que los hechos se produjeron en feudo español, que no se actuó de forma proporcionada o no se auxilió a personas heridas tras el salto. Para la portavoz de ERC en este ámbito, María Carvalho, en el relato “mentiroso y racista” del ministro “solo hay mentiras y cinismo” en la “línea de la extrema derecha”. Es más, ha ido más allá al considerar que sigue en su puesto porque los muertos de este suceso son “negros y pobres”.

Unidas Podemos ha puesto el foco en la necesidad de cumplir la ley en materia de asilo. El portavoz de Interior morado, Enrique Santiago, ha afeado que ni la legislación española, ni la de la UE, cuentan con “mecanismos eficaces para que una persona en persecución o en negación de sus derechos pueda alcanzar de forma segura la frontera para solicitar asilo o protección internacional”. A su juicio, cambiando esta situación “nadie se jugará la vida saltando la valla o franqueando de forma abrupta un puesto fronterizo”. Las críticas han proseguido desde la derecha. La portavoz del PP, Ana Belén Vázquez, le ha acusado de “ampararse en la Guardia Civil” a pesar de la “desprotección y desmantelamiento” en que mantiene a este cuerpo en la frontera. El PSOE ha replicado que en la explicación de los vídeos algunos “estaban más pendientes de los canapés y las pastas”.