La Fiscalía renuncia a la acusación en el juicio del caso Cursach por considerar que "no hay prueba de cargo para sostener ninguno de los hechos" presuntamente delictivos por los que sentó en el banquillo al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y a otros quince acusados.
Así lo ha anunciado el fiscal Tomás Herranz al concluir la fase de declaraciones de los testigos de la acusación en la vista que se sigue en la Audiencia de Palma contra Cursach, su número dos de su grupo empresarial, Bartolomé Sbert, y policías locales acusados de favorecer sus negocios.
Herranz, que ejerce la acusación pública junto al fiscal Joan Carrau, ha avanzado antes del momento procesal preceptivo la retirada de la acusación para favorecer la reorganización del juicio, que comenzó en junio y estaba previsto que se prolongara hasta mediados de febrero.
El caso Cursach, una supuesta trama de corrupción policial en favor del mayor dueño de discotecas de Mallorca, que comenzó a investigarse en 2013 y supuso la imputación del empresario, personas de su entorno, políticos y decenas de policías y funcionarios, concluirá diez años después sin culpables, a no ser que las acusaciones particulares hayan logrado probar alguno de los cargos que la Fiscalía considera diluidos.
El grueso de esa instrucción corrió a cargo del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, actualmente jubilados por incapacidad y pendientes de ser juzgados acusados de detenciones ilegales, coacciones a testigos y obstrucción a la justicia.
Buena parte de las declaraciones en el juicio de los acusados, catorce de ellos policías locales de Palma, han versado sobre las supuestas presiones, intimidaciones y falseamientos de Penalva y Subirán.
En cuanto a los testigos llamados a declarar a instancias de las acusaciones, no han aportado, a juicio de la Fiscalía, ningún elemento de prueba suficiente para que la Audiencia castigue la presunta red corrupta.
Ya quince días antes de que comenzará la vista, Anticorrupción rebajó de 8,5 a 1,5 años respecto al primer escrito de acusación su petición de penas de cárcel para Cursach, al que atribuía delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación y coacciones.
Cursach, que estuvo en prisión preventiva durante trece meses, estuvo imputado por cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, pertenencia a organización criminal, fraude fiscal, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores, delito contra los trabajadores, falsedad documental, estafa procesal, tenencia ilícita de armas y narcotráfico.
Para Bartolomé Sbert, la Fiscalía mantenía hasta ahora una petición de prisión de 3,5 años de cárcel.
La mayor petición de pena, de 8 años de cárcel, se planteaba contra un policía local de la unidad encargada de inspeccionar los locales de ocio nocturno, a quien se le atribuían delitos de cohecho continuado, abuso de función pública con solicitud sexual, coacciones y revelación de secretos.
La Fiscalía contaba con que los testigos que había citado a declarar pudieran corroborar que, a cambio de favores y recompensas, los policías acusados inspeccionaban discotecas de la competencia de Cursach de forma arbitraria e intimidando y que algunos se apropiaban de drogas que requisaban durante sus intervenciones, bebían gratis y se drogaban en establecimientos del empresario.
También sostenía que se produjeron diferentes episodios de actuaciones corruptas como extorsiones, amenazas y abusos de los policías al margen de las prácticas dirigidas a beneficiar a Cursach.
Finalmente, los fiscales de Anticorrupción han entendido que las declaraciones de los testigos no son suficientes para sostener estas acusaciones y han optado por desistir.
El empresario, que pese a estar excusado de asistir ha acudido a todas las sesiones, no ha hecho gesto alguno cuando la Fiscalía ha anunciado la retirada de los cargos para él y el resto de acusados.
