Pedro Sánchez acelera la derogación del delito de sedición mirando a Catalunya. El presidente español ha anunciado que el PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes en el Congreso una proposición de ley para sustituir el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados y equipararse así a Alemania, Italia o Francia, con penas más leves. En una entrevista en La Sexta, negó que esto vaya a suponer automáticamente que el expresident Puigdemont, instalado en Waterloo, vaya a evitar la cárcel, aunque es evidente que su situación se aligera.
Sánchez ha lanzado un guiño de primer orden a ERC, que se ve reforzada en su apuesta por la mesa de diálogo y ve cómo da frutos el compromiso de la desjudicialización. Todo ello, mientras se negocian los Presupuestos estatales.
El president Pere Aragonès lo calificó de “paso indispensable” y da semejante trascendencia a lo sucedido que comparecerá a las 9.00 horas. ERC lo consideró “un gran paso adelante”. El delito de sedición databa de 1822 y también afecta a la republicana Marta Rovira.
Sánchez se mostró despreocupado por el hecho de que el PP se vaya a atrincherar en su negativa a negociar el Consejo General del Poder Judicial por esta reforma. Dijo que es una excusa del PP. Además, descartó que vaya a reformar las mayorías necesarias para esquivar al PP y poder renovar el órgano judicial sin él.
Respaldo a Marlaska por Melilla
Por otro lado, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atraviese por su momento de mayor debilidad y desgaste, Sánchez mantiene su “absoluta” confianza en él, no contempla su dimisión, y asegura que no ha ocultado una sola imagen de la grabación sobre la tragedia migratoria en la valla de Melilla, donde perdieron la vida al menos 23 personas. El presidente español aseguró que ha hablado personalmente con Marlaska y que, durante toda su carrera, tanto en la justicia como en la política, ha mantenido un “respeto escrupuloso a legalidad”, está colaborando con las investigaciones, compareció en el Congreso de los Diputados el 21 de septiembre y seguirá respondiendo las preguntas de la oposición. No obstante, no contempla una comisión de investigación, aunque al mismo tiempo sostiene que “el Gobierno no tiene nada que ocultar”.
La gestión de la tragedia en la valla de Melilla se ha convertido en un foco de desgaste para el Gobierno español desde el 24 de junio, día en que se produjo la avalancha. Pedro Sánchez consideró en un primer momento que la gendarmería marroquí había resuelto bien la situación y culpó a las mafias que trafican con personas. Pero, ante el estupor generalizado en la clase política y en organizaciones humanitarias, tuvo que matizar que esas declaraciones las realizó sin haber visto los vídeos, que reflejaban a los migrantes tendidos unos sobre otros en el suelo, algunos de ellos en su estertor final y sufriendo espasmos o tratando de moverse débilmente. Marlaska negó que se produjera una sola muerte en suelo español y se aferró para ello a la difusa línea fronteriza. La BBC contradijo la versión del ministro asegurando que la avalancha de personas sí alcanzó el territorio del Estado español y la zona comunitaria. Sánchez quitó hierro a las imágenes de la BBC asegurando que se han visto en medios españoles, y volvió a culpar a las mafias que trafican con personas.
Respuesta de Interior a la Fiscalía
Sánchez añadió que hubo 51 guardias civiles heridos. “Puedo garantizar a los españoles que se ha trasladado toda la información disponible, en bruto”, dijo. El cerco se ha estrechado y tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo han pedido más vídeos a Marlaska, que dice que no hay más, que ya se entregó toda la secuencia sin cortes, y que en todo momento hubo un helicóptero y un dron grabando, lo que garantiza, según las respuesta enviada oficialmente, que la secuencia no se ha interrumpido. Lo que está en cuestión es si mintió y ocultó parte de los vídeos.
Las críticas se han producido a izquierda y derecha, pero el Gobierno español juega con la baza del PP, que ha pedido la dimisión del ministro pero ha dudado en solicitar una comisión de investigación que podría salpicar a la Guardia Civil. El marcaje procede también desde los socios del Gobierno, con ERC pidiendo la dimisión del ministro, y el PNV exigiendo una comisión de investigación con luces y taquígrafos, de manera pública, y que no ventile este asunto a puerta cerrada. Los jeltzales no han pedido la dimisión a la espera de conocer toda la información. Unidas Podemos, coaligado con el PSOE, también pide claridad.
