Más de mil fosas de la guerra y el franquismo siguen pendientes de exhumación

La Ley de Memoria Democrática, que acaba de entrar en vigor, prevé el traslado de restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 que ocupen un lugar "preeminente de acceso público distinto a un cementerio", con el fin de evitar actos de enaltecimiento.

Es el caso de Queipo de Llano, cuyos restos se acaban de exhumar de la basílica de la Macarena; del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, cuyos familiares han iniciado ya los trámites para retirar sus restos del Valle de los Caídos, así como del general José Moscardó y el teniente coronel Jaime Milans del Bosch, que permanecen enterrados en el Alcázar de Toledo.

Pero más allá de todas estas exhumaciones, con un marcado carácter simbólico, la nueva Ley de Memoria Democrática pretende dar un impulso a la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, al encomendar esta tarea expresamente al Estado.

Y una de las claves para lograrlo es la exhumación de los cadáveres enterrados en las fosas comunes que hay repartidas por todo el Estado, una labor en la que los familiares de las víctimas piden más implicación al Gobierno.

"Debe poner los recursos para investigar bien las identidades de las personas que están en las fosas porque hasta ahora ha primado el número de fosas que se suman sobre las investigaciones para saber quiénes están en ellas. Y, sobre todo, el Gobierno debe atender a las familias porque no tienen un lugar al que asistir para pedir ayuda", denuncia el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva.

Localizadas 2.615 fosas en el Estado

En la actualidad, el Gobierno tiene constancia de la existencia de un total de 2.615 fosas, según el buscador publicado en la página web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. La mayoría están ubicadas en Aragón (598), Andalucía (546) y Asturias (381).

La cifra, que procede de los datos que proporcionan fundamentalmente las comunidades autónomas al Gobierno, está en continua actualización, según explican fuentes del Ministerio.

En concreto, 531 de estas 2.615 fosas han sido ya exhumadas total o parcialmente, mientras que otras 259 se han dado por desaparecidas al no lograr dar con su ubicación, pese a contar con documentación o testimonios fehacientes que prueban su existencia.

Además, varias decenas de fosas están localizadas y han sido ya reconocidas y "dignificadas" con elementos como paneles explicativos o placas, pero no está previsto hacer ninguna labor de exhumación al no haber una petición expresa de los familiares.

"Hay fosas en muchos sitios, en casi todos los pueblos de España, pero hay casos que no están reclamados", explican estas fuentes del Ministerio, que citan como ejemplo las fosas ubicadas en los cementerios de La Barranca (Lardero, La Rioja) y San Salvador (Oviedo, Asturias).

Donde el Gobierno tiene previsto acometer labores de exhumación sin ninguna duda es en las fosas calificadas como "no intervenidas", que en la actualidad son 1.049.

Para emprender estos trabajos de exhumación y continuar con los que ya están en marcha, el Gobierno cuenta con 6,3 millones de euros del total de 14 millones previstos en los presupuestos de 2023 para desarrollar la Ley de Memoria Democrática.

El objetivo es localizar alrededor de 1.200 cuerpos y exhumar 1.000 de ellos a lo largo del próximo año, según consta en la descripción del programa de los presupuestos de 2023 dedicado a Memoria Democrática.

Cuelgamuros

Este enclave de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde hasta octubre de 2019 permaneció enterrado el dictador Francisco Franco, es la mayor fosa común del Estado, con un total de 33.833 restos de personas de ambos bandos fallecidas durante la Guerra Civil.

La exhumación de estos restos, procedentes de 480 fosas de casi todas las provincias españoles, sigue pendiente, y tan sólo 21.423 cuerpos están identificados.