A Alberto Núñez Feijóo se le está poniendo cara de Pablo Casado. Primero fue Unidas Podemos, después el sistema de elección de los jueces y, por último, la reforma del delito de sedición. Una excusa tras otra para oponerse a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese a que el acuerdo entre los dos grandes partidos estaba cerrado y a punto de ser presentado en público. ¿Qué aconteció de por medio? En tanto que la actualización del Código Penal era más que sabida los días previos, el líder del PP acabó sucumbiendo a la presiones desde diferentes vertientes: la de la extrema derecha judicial, la mediática y la de la figura con mayor peso en el partido, por encima de la suya, la de Isabel Díaz Ayuso. Aunque desde Génova traten de vender que Feijóo conversó con muchos líderes autonómicos de su formación antes de suspender las negociaciones con Pedro Sánchez, la palabra final la puso a modo de rúbrica, una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le trasladó su disconformidad con el pacto y le emplazó a poner como parapeto, nuevamente, al independentismo. La lideresa le hizo saber desde Galicia, donde tenía programada una visita institucional, que le parecía “una barbaridad”. ¿Que cómo lo hizo? Por Whatsapp. Después vendrían las consultas con Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Rueda, Fernando López Miras y más cargos populares, pero la decisión vino impuesta por Ayuso, que sigue demostrando quién tiene el verdadero mando en plaza en la formación, desvirtuando a quien se postula como próximo inquilino de La Moncloa. Y luego llegó la justificación del PP en un comunicado la noche de ayer jueves: “Es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de Derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo”.

Feijóo, hoy de conferencia por Gasteiz, ha pedido a Sánchez que “rectifique” en su intención de reformar la sedición y ha cerrado la puerta a poder tejer acuerdos con el Gobierno tras lo ocurrido. Los pactos llegarán con “otro PSOE”, ha espetado, aunque desde Moncloa ya han adelantado que el líder del PP no es ya un interlocutor válido tras ser desautorizado. Su secretaria general, Cuca Gamarra, que llevaba días diciendo que había que separar lo legislativo de un consenso de Estado, ha dado un volantazo al refugiarse en que detectaron el mismo jueves que el Ejecutivo pretendía reformar la sedición, cuando era un secreto a voces. “La ruptura del orden constitucional y el mantenimiento del orden constitucional son dos cosas que en el contexto en que se quiere abordar por parte del Gobierno, simultáneamente, es imposible y no pueden formar parte de la misma ecuación”, maneja ahora el PP a modo de tesis inquisitorial.

Consumada la ruptura, tal posicionamiento no da más que argumentos a Sánchez. En una escala de su viaje de regreso a Madrid tras su gira africana, ha acusado a Feijóo de no haber resistido las presiones cuando habían incluso fijado anunciar el acuerdo el próximo miércoles. “A Feijóo le han temblado las piernas, no es autónomo”, ha subrayado en una conversación informal con periodistas. En la misma línea se han pronunciado varios ministros, como el titular de Presidencia, Félix Bolaños, que le ha censurado por ceder ante la “derecha más extrema” y de perder “todo su crédito” e iniciar su “declive” político. El portavoz parlamentario, Patxi López, ha añadido que el presidente del PP carece de “valor” para “tomar sus propias decisiones” al estar manejado por Ayuso, los “jueces ultras” y “la caverna mediática”. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, piensa que a Feijóo le pesa “demasiado” la imagen de los afiliados del PP rebelándose contra Casado ante la sede de Génova.

La dirección del PP sostiene que Sánchez les engañó porque Bolaños les había prometido que no seguirían adelante con la reforma penal que reclama ERC y el Gobierno contesta que el PP había dicho públicamente que no iban a mezclar las dos cuestiones. “Ha perdido su crédito como líder de una derecha democrática. Los que tienen el poder de decisión son otros. No es un interlocutor válido”, ha zanjado el ministro de la Presidencia. Hasta el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado a Feijóo de “un auténtico irresponsable que demuestra querer muy poco a España”. “Si se consideran patriotas lo que debieran hacer es seguir las conversaciones y tirar para adelante”, ha aseverado.

Alternativas

El CGPJ medita un plan B que ya manejó cuando Carlos Lesmes aún ejercía la presidencia, y que consistía en enviar efectivos al Supremo mediante planes de refuerzo, comisiones de servicios temporales o sustitución externa por catedráticos y altos funcionarios. Así podría aliviar una situación insostenible con 17 vacantes que en próximos meses podrían aumentar a 20 –el 25% de sus efectivos–, con un panorama especialmente preocupante en dos salas: la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo. Además, el fracaso de las negociaciones aboca al CGPJ a retomar los contactos para nombrar sus dos candidatos al Constitucional. Organismos como la Unión Progresista de Fiscales han instado a los vocales del CGPJ a que “dimitan en bloque” para “facilitar así la ya inaplazable renovación”. Eso, en lo judicial. En lo político, la voladura puede resultar un bumerán para Feijóo.