"Euskadi inició hace tiempo la competición para ver quién cobra menos a los ricos"

La sede de Podemos Euskadi bulle de actividad mientras tiene lugar la conversación con su portavoz, Miren Gorrotxategi. La mascota de uno de los presentes improvisa y se suma a la sesión de fotos.

A principios de mes se anunció el acuerdo que alcanzaron con el Gobierno vasco para reformar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). ¿Qué supone?

Desde que se aprobó la ley de la RGI, todas las reformas que se han hecho en los últimos años han ido a recortar derechos. Nuestra principal aportación es que es la primera vez que se revierte esa tendencia. Hasta ahora, los acuerdos para la reforma de la RGI se habían hecho mirando a la derecha y ahora ha sido con nuestra participación y suponen un aumento de derechos.

¿Qué medidas destacaría de las que incorpora este pacto?

Tras nuestro acuerdo la RGI es mucho mejor, por ejemplo con la demanda histórica de la rebaja de la edad de percepción de 23 a 18 años. Es verdad que hay un requisito de búsqueda de empleo pero se pretendía que hubiera un año de cotización y lo que hemos conseguido es que se exija a las personas de 18 años que hayan estado un año buscando trabajo. También se han rebajado las condiciones de empadronamiento a los segmentos más vulnerables de la población, por ejemplo las mujeres maltratadas, las víctimas de trata o aquellas con hijos o mayores dependientes a su cargo. 

También se ha aumentado la cuantía de las ayudas.

Es un elemento principal. Además, se establece un elemento de referencia fijo que es el 60% de la renta mediana española. Siempre es mejorable pero la cuantía de la RGI no va a depender de la voluntad del Gobierno de turno sino que hay un índice de referencia objetivo. A su vez ha supuesto un incremento de la RGI en casi 100 euros al mes. De los 727 que se percibían como base, con el proyecto de ley que nos proponía el Gobierno se aumentaban 10 euros, y con nuestra intervención ahora pasan a ser 803 euros.

Los partidos de la derecha se han mostrado muy críticos, aseguran que desincentiva la búsqueda de empleo por parte de los jóvenes.

Es falso y una gravísima irresponsabilidad. Los partidos de la derecha tienen dos mantras, que desincentiva la búsqueda de empleo y que existe una facilidad para cometer fraude, y no son verdaderas. Si se compara el índice de empleabilidad de las personas perceptoras de la RGI y de las no perceptoras en los mismos segmentos poblacionales, es exactamente igual. Pensar que una persona pueda vivir cómodamente con 800 euros al mes tampoco es realista. La RGI es indispensable para combatir la pobreza pero no da para tener un proyecto de vida pleno y satisfactorio.

El fraude es otro de los argumentos recurrentes de los contrarios a cómo se gestionan las ayudas.

El fraude en la RGI no llega al 1% y equivale a menos de dos millones de euros al año. Si lo comparamos con el fraude fiscal detectado, este es de un 4% y equivale a casi 600 millones de euros al año. No deja de sorprender que la derecha no pone el acento en el verdadero fraude a las arcas públicas, que es el fraude fiscal que impide que gocemos de unos servicios públicos o de una política energética y de transición ecológica mucho más ambiciosa.

Donde también alcanzaron un acuerdo importante fue en las bases de la Ley Educativa. Sin embargo, han sido más que reticentes tras la presentación del borrador de la ley. ¿Cómo está la situación ahora?

Cuando nos han presentado el borrador del anteproyecto de ley lo que vemos, también todos los agentes sociales y educativos, es que apenas dice nada de las cuestiones principales. Enumera grandes principios pero deja su desarrollo a decretos y órdenes que están en manos del Gobierno vasco. No dice nada de lo que hay que hacer para que los objetivos del pacto se cumplan.

¿Cuáles son las principales pegas que ven a dicho anteproyecto?

Por ejemplo, no establece los mecanismos para garantizar el no cobro de cuotas en las escuelas concertadas. En este curso académico no debería haberse cobrado ninguna cuota y lo cierto es que han aumentado. Tampoco se dice nada de cómo las escuelas concertadas van a cumplir unos requisitos para poder entrar en el servicio vasco de educación. Entre eso y que los decretos y órdenes que se han aprobado son contrarios al pacto, no solo nosotras, sino muchísimos agentes educativos estamos muy preocupadas por cuál puede ser el objetivo y la voluntad real de este Gobierno.

El propio consejero de Educación dijo que ahora es el momento de los agentes educativos...

Los sindicatos de la enseñanza han convocado dos jornadas de huelga y una manifestación precisamente para protestar por este anteproyecto que no garantiza la esencialidad de la escuela pública vasca que prometía el pacto educativo. Todos los fundamentos que nosotros habíamos incorporado al pacto no se ven desarrollados. Además, el anteproyecto de ley cuenta con un informe de los servicios jurídicos del Gobierno vasco que señala algunas cuestiones que deben ser modificadas. Por lo tanto, este es el anteproyecto que conocemos pero no sabemos cuál se presentará al Parlamento Vasco.

¿Con qué ánimo esperan la presentación el martes del proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para el año próximo?

Tendremos que verlo, todavía no conocemos el detalle. Solo se nos han presentado directrices generales y el consejero ha dicho que no es el momento de una reforma fiscal, lo cual ya nos parece un punto de partida erróneo y preocupante, llevamos mucho retraso con la reforma fiscal en Euskadi. Además se insiste muchísimo en el ajuste presupuestario, en la no deuda, y creemos que tampoco es momento de ser conservadores con las cuentas públicas sino todo lo contrario.

El Consejo Vasco de Finanzas aprobó una nueva deflactación fiscal del 2% a partir del 1 de enero, una medida que critica el PSE al considerarla “insuficiente”. ¿Cuál es su posición al respecto?

La única reforma a nivel fiscal que ha introducido el Gobierno vasco es precisamente la deflactación, que es el peor de los instrumentos sobre todo por cómo se está utilizando. Una tercera deflactación general sobre la base de un sistema impositivo no progresivo es un disparate, es regresiva. La gente que menos tiene, las rentas medias, no se van a ver beneficiadas por esta deflactación. Las más beneficiadas van a ser, una vez más, las rentas más altas. 

Mientras, a nivel del Estado se ha declarado una guerra fiscal, sobre todo de las comunidades gobernadas por el PP contra Moncloa. ¿Se está haciendo oposición con los impuestos de los ciudadanos?

Es verdad que estamos asistiendo a una carrera por ver quién modifica el sistema fiscal para ayudar a los más ricos. Pero esta carrera la tenía ya iniciada desde hace tiempo el Gobierno vasco, que lleva años compitiendo a nivel estatal para atraer grandes patrimonios y empresas que se instalen en Euskadi. Como resultado de esta atracción tenemos un impuesto de sociedades efectivo para las grandes empresas de menos del 15%, que es lo que establecen todos los organismos europeos. Y el 1% de la población en Euskadi acumula el 20% de la riqueza total, cuando hace diez años acumulaba un 14%. Euskadi ya había iniciado hace tiempo esta competición de ver quién cobra menos a los ricos en lugar de generar un sistema de empresas productivas que aporten empleo digno y bien remunerado.

El Gobierno vasco también prevé llevar a buen puerto este año la nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática.

Hace tiempo que pensábamos que una ley así hacía falta en Euskadi. El PNV ha sido reticente y ha llegado un poquito tarde pero por fin ha entendido que sí era necesario. Estamos trabajando para mejorar las propuestas del Gobierno vasco, por ejemplo tener un censo de personas que pueden ser consideradas víctimas del franquismo y establecer regímenes de reparación justa para todas ellas. También creemos que debe crearse un centro de la memoria histórica en Euskadi.

¿Este tipo de acuerdos son también una forma de demostrar que son un grupo importante para reforzar las leyes que van saliendo del Parlamento Vasco?

Para nosotros, intentar incidir en las leyes que presenta el Gobierno es un deber. Siempre trabajamos por dejar nuestra impronta en los proyectos de ley del Gobierno, y allí donde lo conseguimos apoyamos esas leyes. Como oposición tenemos esa doble tarea, intentar controlar la acción del Gobierno e impulsar su acción legislativa en favor de las mayorías sociales. 

Todo ello más allá de la mayoría absoluta del PNV y el PSE.

Nuestra actitud como oposición es proactiva y colaboradora, y en ocasiones esto se plantea como la muestra de que el Gobierno no aplica el rodillo. Yo ahí puntualizaría muchas cosas, lo que demuestra es que nosotros trabajamos por incidir en la acción legislativa. Sin embargo, todas las proposiciones de ley que hemos planteado han sido rechazadas, no ya en su contenido, sino que se han negado siquiera a admitirlas a trámite en el Parlamento. Por tanto, el que entremos en algunas leyes muestra nuestra proactividad y el no rodillo se mostraría si el Gobierno fuera capaz de admitir a trámite leyes fundamentales como las que proponemos. Sobre todo cuando el propio Gobierno dice que son materias que deberían ser objeto de pactos de país, lo que es absolutamente contradictorio.

¿Cuáles eran esas propuestas?

La ley de juventud, la de salud mental, para la creación de una empresa pública vasca de energías renovables y la de derechos sexuales y reproductivos, así como la reforma del reglamento del Parlamento para crear una oficina presupuestaria. Todas ellas de absoluta actualidad y que ofrecen un consenso ciudadano amplísimo porque son necesarias, y cuando lo proponemos negro sobre blanco, el Gobierno se ha negado a discutirlas. 

"Cuando el eje identitario se cruce en el camino de lo social veremos cómo responde EH Bildu"

EH Bildu presentó recientemente un pacto del bienestar. ¿Está dando un giro social en detrimento del independentismo para competir con Podemos?

Esto lo tendrían que responder ellos. En todo caso siempre hemos dicho que, sin abandonar el eje identitario, lo que merece nuestra atención en estos momentos es el eje social. Por tanto, las políticas que redunden en la mejora de los derechos sociales contarán con nuestra participación. Pero está por ver, cuando el eje identitario se cruce en el camino veremos cómo responde EH Bildu.

En mayo de 2023 tocan elecciones municipales y forales. ¿Qué hoja de ruta están siguiendo?

Ya hemos comenzado los procesos de primarias a nivel interno para ir conformando después las listas municipales y forales. 

¿Hasta qué punto podrán poner en valor su trabajo en las instituciones, también en el Gobierno español de coalición?

Podemos es un partido de ámbito estatal porque el sujeto político al que atendemos es la ciudadanía española en su conjunto. Si bien a nivel territorial nos centramos en un sujeto político propio, la acción del Gobierno de España, sobre todo en aquellas materias que son fruto de la incidencia política de nuestra coalición, son espejos en los que nos miramos, claro.

¿Y cuál es el hecho diferencial de la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de Sánchez?

Estamos demostrando que se puede hacer política de otra manera, mirando los intereses de la mayoría social. Y que se pueden hacer políticas audaces, cosas que parecían ilusorias cuando las planteábamos se está demostrando que no son utópicas sino realistas y posibles, y además son buenas para la ciudadanía. Cuanto más fuerte sea Podemos en un Gobierno y en un Parlamento mejor será para la mayoría social.

Se está discutiendo la conveniencia o no de instalar parques eólicos en municipios de Gipuzkoa. ¿Cuál es su posición?

Nunca nos hemos manifestado en contra de este tipo de proyectos, siempre que cumplan dos condiciones: que no causen un impacto medioambiental y que cuenten con la aceptación de la ciudadanía afectada. El aterrizaje de Statkraft nos parece bien, con la cautela de que en Euskadi todavía no existe un plan territorial sectorial de energías renovables, un documento del Gobierno que diga dónde se puede y dónde no se puede hacer porque son lugares protegidos.

Parece que el traslado de presos de ETA a Euskadi está cubriendo sus últimas etapas. ¿Es un síntoma de normalidad?

Tenemos una legislación basada en los Derechos Humanos, hubo una época de excepcionalidad en la que no se cumplía y ahora ha empezado a cumplirse. Si hablamos de acercamiento de presos no se puede hacer recaer el perjuicio de la prisión en las familias de los reclusos, es algo básico.

¿Qué papel pueden desempeñar los comunes para posibilitar la continuidad del Govern catalán?

Lo que acaba de suceder es el fin del procés, la vía unilateral que se había emprendido en Catalunya ha pinchado definitivamente dejando por el camino una polarización social y una frustración muy grande. Siempre hemos defendido la bilateralidad y el modelo quebequés, un proceso de diálogo activo basado en la idea de la claridad.

¿Participará Podemos en la renovación del poder judicial?

El bloqueo del PP tiene que ver con la negativa a que Podemos esté en las instituciones representativas. La participación de Podemos en estos órganos sería un rasgo de normalidad democrática.