“Creo que tiene una situación muy difícil y muy complicada. Es la presidenta del Parlament, representa la institución que representa a todos los catalanes. Debe ser una institución ejemplar, tener tolerancia cero con la corrupción y ser transparente”. Así se pronunció ayer jueves Carme Forcadell, expresidenta de la Cámara catalana respecto al limbo judicial en que ha quedado sumida Laura Borràs tras ser procesada por un presunto fraude en contratos que adjudicó cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Un asunto que amenaza su carrera política y que abre un nuevo choque entre las formaciones independentistas de consecuencias imprevisibles, a cuenta del punto del reglamento del Parlament, el apartado 4 del artículo 25, que establece que “en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción”, la Mesa de la Cámara, “una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata”.
Hace ocho meses Borràs recibió de los letrados del Parlament una propuesta de reforma del reglamento que sugería eliminar este aspecto, con el argumento de que “no tiene ningún precedente ni referente” en el derecho parlamentario y contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental –como es el de la participación política– que presenta “serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia”. La líder de JxCat alude a su “inconstitucionalidad manifiesta” pese a que fue incorporado en 2017, en vísperas del 1-O, con el impulso de la CUP y el aval de Junts pel Sí, con la excusa de combatir la corrupción.
Ahora, sin embargo, y pese a que Borràs ha apelado a la “unidad antirrepresiva”, parece difícil que Esquerra y los anticapitalistas le salven el pescuezo aunque compartan que su caso forma parte de la “causa general contra el independentismo”. La presidenta de la Cámara estudia dos vías, una con acento político y otra jurídica, para evitar su suspensión en caso de que el TSJC le abra juicio oral, aunque ambas requieren el apoyo de los soberanistas. La Comisión del Estatuto del Diputado -–a la que la Mesa puede remitir el caso si tiene dudas sobre cómo proceder– podría elaborar un dictamen que sentenciara que a Borràs no se le puede aplicar el artículo 25.4 porque la causa contra ella tiene motivaciones “políticas” y no judiciales. El dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado podría alegar también que a Borràs no se le puede aplicar el mencionado artículo del reglamento por las dudas jurídicas que pesan sobre el mismo y que están recogidas en dos informes de los letrados de la cámara catalana, uno de 2018 y otro de 2021.
Defensa de Junts
Junts ha cerrado filas con su dirigente, uno de los pesos pesados entre la militancia. Su portavoz, Josep Rius, denunció que “una vez más se halla bajo la espada represiva del Estado. Es el enésimo ejemplo de una situación de persecución que ya no solo denunciamos nosotros”. Borràs prefirió tirar de ironía al respecto de su procesamiento. “A punto para un juicio justo. Todo muy de democracia perfecta: irse cargando derechos uno detrás de otro”, lamentó mediante un tuit. En paralelo, Forcadell, que acabó encarcelada por su proceder hasta el referéndum del 1-O, defiende que la posconvergente tendrá que dar explicaciones convincentes para velar por el prestigio del Parlament y para que no haya “ninguna sombra” de duda sobre el movimiento independentista.
Algunas voces dentro de Junts apuntan ya que si cae Borràs el partido debería salir del Govern y dejar a ERC sola, ante la disyuntiva de convocar elecciones o seguir adelante con el apoyo externo de PSC y los comunes. Otros sectores de la marca posconvergente rechazan abandonar la administración autonómica y todos los resortes de poder que proporciona a un partido todavía en construcción. Sobre todo a las puertas de unos comicios locales que serán claves para ver la resistencia de JxCat y el liderazgo de Jordi Turull.
