El Gobierno de la Generalitat presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que insta al consejero de Educación, Josep González-Cambray, a que "dicte las instrucciones, resoluciones y circulares en materia de personal docente" para asegurar que se cumple la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.
En una entrevista en TV3 este miércoles recogida por Europa Press, González-Cambray ha asegurado que entiende que la Asamblea por una Escuela Bilingüe, a quien el TSJC ha ratificado la legitimación en la causa, y los padres "no deberían formar parte de este proceso".
Asimismo ha asegurado que los centros educativos "deben estar tranquilos" porque pidió al TSJC que se dirija a la Consejería y no a las direcciones, a quienes ha pedido que sigan trabajando con calma y no modifiquen sus proyectos lingüísticos, si se adecúan a la nueva normativa.
El TSJC ha emitido este miércoles dos autos que desestiman dos recursos de la Generalitat, consultados por Europa Press: el primero confirma la ejecución que ordenó a instancias de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), y en el segundo hace lo mismo con el auto que aceptó la petición del padre de un alumno, al que el tribunal dio legitimidad para personarse como parte afectada en el procedimiento.
El tribunal reprocha a la Generalitat que alegue que la sentencia vulnera derechos de alumnos y profesores pero, "sin embargo, no contribuye a argumentar por qué considera que con el fallo se están violentando los derechos de los alumnos y profesores cuando lo que se trata de asegurar es un mínimo de impartición de horas lectivas de castellano y catalán en las escuelas".
Los jueces consideran que "no se trata de afectar los derechos de alumnos y profesores sino de garantizar un mínimo de enseñanza efectiva e inmediata mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas" en las aulas.
El auto que confirma la ejecución de la sentencia a petición del padre de un alumno de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) incluye el voto particular de dos magistrados, que cuestionan que el hombre estuviera legitimado para intervenir en el procedimiento.
Estos dos jueces ya discreparon de la decisión del tribunal cuando le admitió en el caso, y ahora lo reiteran porque el auto de este miércoles "insiste en los mismos motivos" a los que ya se opusieron.
