Artur Mas acusó ayer martes al Estado de buscar “la muerte civil y política” de los ex altos cargos del Govern implicados en la liquidación del Tribunal de Cuentas por la promoción exterior del referéndum del 1-O, algo que calificó como “abuso de poder en toda regla”. “Esto no es simplemente la aplicación de un marco legal. Es el abuso total de este marco legal, la distorsión del marco legal para conseguir su objetivo, que no es otro que el castigo y la venganza, la represión”, consideró el expresident, a quien se le piden 2,8 millones de euros, en una comparecencia pública en los jardines del Palau Robert de Barcelona.

“El objetivo es doble: la muerte política, que quiere decir Código Penal, inhabilitación para cargos públicos, ponernos en la cárcel; o esta muerte civil, que quiere decir que te lo embarguen todo si no puedes responder ante las fianzas millonarias que nos pide nuevamente el Tribunal de Cuentas”, valoró Mas, que se dirigió también a Pedro Sánchez: “¿Qué piensa hacer ante un abuso de poder como este?, ¿va a mirar hacia otro lado o hacer otra cosa?”. “Esto es castigo y venganza, es decir, represión”, denunció.

El ex Jefe del Govern recordó que hay “diferentes posibilidades” en el Congreso para “intentar cambiar las cosas”, como renovar a los miembros del Tribunal de Cuentas. A pesar de la situación derivada de este órgano, Mas se reafirmó en sus convicciones: “No pueden matar ni las ideas ni los ideales”. El expresident evocó que el Tribunal de Cuentas no juzga “un caso concreto de un referéndum o una consulta” sino “una competencia estatutaria” que también tienen otras comunidades autónomas, grandes ayuntamientos o diputaciones.

Por su parte, el PDeCAT registró una propuesta legal para reformar el sistema de elección de los vocales del órgano fiscalizador de tal modo que el PP no pueda bloquear su renovación y que si no se alcanza una mayoría reforzada, sea suficiente con la absoluta en segunda instancia. No en vano, el partido de Pablo Casado quiere forzar el asunto ligando la renovación del Tribunal de Cuentas a la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “El Gobierno sabe lo que tiene que hacer. Según qué posición tenga la Abogacía, va a ser difícil de entender”, añadió el dirigente de la formación posconvergente, Ferran Bel.