gasteiz - El empresario Josu Arruti, recomendado por Alfredo de Miguel como intermediario para sacar adelante una operación urbanística en la localidad alavesa de Zambrana en 2005, confesó ayer que el exdiputado foral le propuso reclamar a la empresa adjudicataria de la operación para construir un polígono industrial en el pueblo una comisión ilegal que ambos se repartirían. A cambio, De Miguel pondría a disposición de la firma catalana su “interlocución directa con las administraciones”, señaló el empresario.

Arruti, previo pacto con la Fiscalía, afirmó que cuando puso en conocimiento de De Miguel que el acuerdo alcanzado previamente con unos promotores navarros, Capirriesgo, se venía abajo, y que había captado otros posibles inversores en Barcelona, Construcciones Riera, el entonces responsable de dos industrialdeas alavesas le planteó pedir la mordida de 161.750 euros para cada uno. Arruti aceptó -“igual me vence a mí también la avaricia”, declaró- y viajó a Barcelona para pedir al representante de Riera, Francesc Fernández, la comisión. Dicha cantidad no era redonda para no levantar suspicacias y porque no hay “tablas de comisiones ilegales”, ironizó.

“En un primer momento Francesc no me da una respuesta directa, tampoco se escandaliza, pasan dos o tres días y me llama”, rememoró Arruti, que al frente de la empresa Sidepur había redactado las normas subsidiarias de la localidad para recalificar los suelos, propiedad de gran parte de las familias del pueblo, entre ellas la de la alcaldesa de entonces, Justina Angulo, y la de su sucesor, Aitor Abecia, según declaró ayer Angulo. Los propietarios rechazaron el precio ofrecido en su día por Capirriesgo, lo que dio al traste con la operación inicial. Arruti señaló que de vuelta en Barcelona Fernández le planteó incorporar la mordida a sus honorarios y le ofreció además participar, “tú y tu amigo”, en el futuro desarrollo del polígono industrial.

Para dar “cobertura” a las comisiones, se encarga a Kataia la redacción del estudio de impacto ambiental del proyecto de Zambrana, que según Arruti podría haber llevado a cabo Sidepur y cuya subcontratación tenía como único fin justificar los ingresos a la presunta empresa fantasma de De Miguel.

Una vez informado el exdiputado por Arruti de que Riera había aceptado, la operación quedaba así pendiente únicamente de que la operación con Capirriesgo fracasara definitivamente. Según dijo ayer Angulo y declararon en su día los responsables de Capirriesgo, Arruti daba largas en torno a esta operación. Según Arruti, el acuerdo se viene abajo porque Capirriesgo rechaza subir el precio por hectárea ofrecido inicialmente.

En cualquier caso, Capirriesgo se retiró del proyecto y Riera tomó su lugar. Arruti cobra en septiembre de la firma catalana, en una cuenta de su padre, y al día siguiente ingresa un primer pago de 130.000 euros a Kataia, constituida semanas antes por De Miguel, Aitor Telleria, Koldo Otxandiano y sus respectivas esposas. Todo estaba listo para que De Miguel ejerciera su influencia para “remover obstáculos”, en palabras de la Fiscalía, si era necesario. Según Arruti, la interlocución del entonces responsable de Sprilur podía “ayudar a que las cosas llegaran a su término”.

Por otro lado, en su declaración Arruti cargó toda la responsabilidad en De Miguel, que no fue sobornado sino que “sin ninguna duda fue quien pidió la comisión”. Aseguró que únicamente trató con él y no con Otxandiano, en cuyo cuaderno de contabilidad figuraban supuestas alusiones a las comisiones; ni con Telleria, contratado posteriormente a petición de Arruti por Riera Urbanizer. Esta empresa era la filial local de Riera Construcciones creada al efecto con la colaboración de la propia Kataia para desarrollar la operación de Zambrana. Además, en las hojas de dietas de Otxandiano figuran los gastos de varias comidas de su mujer y de la de Telleria con Arruti, que éste negó haber celebrado. “Yo no he estado reunido con estas personas, las he conocido aquí, y lo que hayan puesto en las dietas no lo sé”, afirmó.

Arruti, para quien la Fiscalía pide pide 19 años y 10 meses de cárcel, es el primer acusado que implica directamente a de Miguel en el cobro de comisiones ilegales. Anteriormente, el constructor Prudencio Hierro, que supuestamente también había alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, ya había admitido que utilizó su empresa para ayudar a De Miguel a eludir el pago del IVA en la reforma de su piso de Gorliz por su capacidad de influencia en el ámbito público alavés. Sin embargo, negó que hubiera pagado comisiones ilegales al principal acusado en el macrojuicio que se desarrolla en la Audiencia alavesa.

Queda por escuchar la declaración de los exresponsables de Riera, que también podrían haber llegado a un pacto con el fiscal, y que deberán rebatir, negar o matizar ante el tribunal la versión de la operación de Zambrana aportada por Arruti y que ha puesto al exdiputado foral contra las cuerdas.

“que lo paguen” En cuanto a Justina Angulo, ayer declaró que mientras fue alcaldesa el proyecto de Zambrana no pasó de una idea inicial, y que el desarrollo del mismo se produjo con Abecia en el cargo, a quien Angulo acusa de haberle perjudicado e implicado en este proceso penal por “inquina personal”. “Quisiera saber exactamente qué personas se han beneficiado y, si es así, que lo paguen”, afirmó.