Bilbao - La jueza que ejerciera de instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, tiró ayer de la manta asegurando que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para “apartarla” de las macrocausas que han golpeado en los últimos tiempos a la gestión de los socialistas a los mandos de la Junta de Andalucía. Había “miedo”, y no solo por parte de los socialistas, sino también del PP, a que siguiera investigando los cursos de formación, donde se habían encontrado hechos “sumamente graves”. Alaya apuntó directamente a la presidenta andaluza, Susana Díaz, ya que la dirigente “contactó” con el CGPJ para “sugerir o protestar” por sus actuaciones, algo que es “muy grave, pues provocó que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE”.
En una entrevista en ABC, Alaya no se mordió la lengua y arremetió sin ambages contra socialistas y populares. La jueza destapó casos como los ERE, los cursos de formación de la Junta, Mercasevilla o el juicio del Betis, que generaron un hondo impacto en la política. Es el caso de los ERE que actualmente se desarrolla en la Audiencia Provincial de Sevilla, y por el que Alaya aseguró haber recibido advertencias, como por ejemplo las críticas expuestas por un histórico del PSOE andaluz y exvicepresidente en tiempos de Felipe González, Alfonso Guerra. La jueza dibuja un escenario de “presiones políticas” que motivaron que no pudiera continuar al frente de esta macrocausa por la que están imputados dos antiguos presidente socialistas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros y otros 18 ex altos cargos de la Junta. El presunto desvío de fondos durante una década habría generado un agujero de 855 millones de euros.
Al frente de un juzgado de instrucción sevillano que instruía las macrocausas, Alaya logró una plaza en la Audiencia de Sevilla con el “compromiso expreso” de “todos los órganos jurisdiccionales”. El traslado se iba a efectuar con la garantía de poder acabar la instrucción del caso de los cursos de formación, por la que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía habría adjudicado contratos “indiciariamente irregulares” por un valor de 9,4 millones de euros. Pero no fue así. Fue apartada mediante “un burdo engaño”, porque tanto los vocales del PSOE como los del PP en el CGPJ “votaron” de manera unánime “para que yo no siguiera” con dichos procedimientos.
“En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más”, censuró. La instrucción de los cursos de formación la puso en la picota. “Había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no solo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE”, señaló a preguntas del rotativo.
“inaudito” Las revelaciones de Alaya generaron un intenso terremoto político. Las dos formaciones aludidas, PSOE y PP, salieron al paso para negar rotundamente la existencia de pacto alguno e instar al CGPJ a investigar si las declaraciones de Alaya son ciertas. El socialismo andaluz, por boca de su secretario de Organización y mano derecha de Díaz, Juan Cornejo, tildó de “inaudito” y sin “precedentes” que la jueza sostenga que hubiera una entente entre los dos partidos mayoritarios. “Lanza acusaciones contra todo y contra todos, contra el Consejo General del Poder Judicial, contra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Andalucía, contra compañeros jueces, contra partidos políticos y contra instituciones como la Junta de Andalucía”
El PP-A aseguró que el partido “jamás ha condicionado ni llegado a un acuerdo para que no se investigue” y, en cambio, sí que se ha dedicado “a intentar poner luz en las causas que hay abiertas” en la justicia que afectan a Andalucía. A pesar de haber sido mentados expresamente por Alaya, el presidente popular en la región, Juanma Moreno, tiró la pelota al tejado socialista. “Otra cosa es lo que ha hecho el PSOE, que ha sido obstaculizar muchas veces las investigaciones judiciales, no informar y no aclarar”, de forma que le gustaría “saber la opinión de Susana Díaz sobre la grave acusación que le ha hecho la juez Mercedes Alaya”.
Podemos e IU, por su parte, instaron a Díaz a dar las explicaciones pertinentes. No en vano, la presidenta andaluza tiene dos opciones, según el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. “O la desmiente categóricamente o se tendrá que ir”. - DEIA
