madrid. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como testigo mañana al dueño del bar Faisán de Irun, Joseba Elosua, para preguntarle si reconoce al inspector José María Ballesteros como la persona que presuntamente le alertó el 4 de mayo de 2006 sobre la existencia de una operación contra el aparato de extorsión de ETA, según informaron fuentes jurídicas. Elosua, que declarará por segunda vez en esta causa como testigo, será preguntado por el magistrado sobre la identidad de la persona que le dio supuestamente el chivatazo después de que Ballesteros, imputado en la causa, reconociera el pasado 10 de marzo en sede judicial que aparecía en tres momentos distintos en la grabación que el equipo investigador realizó frente al establecimiento.
El magistrado también ha citado a declarar ese mismo día al hijo del dueño del Faisán, José Ignacio Elosua, que se encontraba en el bar cuando se produjo la presunta delación y supuestamente presenció los hechos. De igual modo, ha convocado para el próximo jueves al jefe del equipo de investigación, Carlos G., y a los otros cuatro miembros de su equipo para que ratifiquen su informe definitivo de conclusiones, en el que aseguran que el chivatazo tuvo "un móvil político" y que se produjo "en el marco del proceso de negociación" con la organización armada.
Joseba Elosua fue procesado por colaboración con organización terrorista por el juez Baltasar Garzón en octubre de 2008 junto a otras 23 personas en el marco de la causa en la que se investiga el cobro del denominado impuesto revolucionario, que presuntamente se realizaba en el Faisán. El magistrado, sin embargo, retiró la imputación a su hijo, sobre el que hasta ese momento también había recaído la acción penal.
Tras su primera declaración judicial, que se produjo en junio de 2006, el dueño del bar de Irun fue sometido a una rueda de reconocimiento en la que fue incluido Ballesteros para que pudiera identificarlo, aunque el resultado de esta diligencia fue negativo. Elosua aseguró ante la Policía que el individuo que le facilitó el teléfono móvil con el que se produjo el presunto chivatazo a ETA "salió por la puerta trasera del bar situada frente al edificio de la aduana y de las cabinas de teléfono, y que le vio cruzar la carretera en dirección a la gasolinera". Según su versión, después "entró por la puerta ubicada frente al edificio de la aduana, aunque no estaba seguro del todo, y con total certeza salió por esa puerta".
Según el auto de procesamiento de Garzón, el dueño del Faisán colaboraba con miembros de ETA en el desarrollo de medidas que garantizaran la seguridad de las reuniones que se celebraban en su bar. Además, el juez considera acreditado que mantuvo reuniones con integrantes de la organización armada para gestionar pagos y que participó como intermediario en la extorsión sufrida por varios empresarios. El hostelero también se dedicaba, según el juez, a la recopilación de información económica de empresas y personas físicas susceptibles de ser extorsionadas y colaboraba en la gestión de este tipo de campañas, según consta en el auto, que añade que mantenía operaciones financieras con personas vinculadas a ETA.
recusación La Sala del 69 de la Audiencia Nacional, por su parte, también se reunirá mañana para decidir sobre la recusación presentada por el exportavoz de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi contra la juez Angela Murillo y los otros dos magistrados que le juzgaron por participar en julio de 2005 en un homenaje a Gatza y que le volverán a enjuiciar por el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna a través del proyecto Bateragune. La deliberación sobre esta cuestión se producirá a puerta cerrada y se concretará en un auto del que será ponente la magistrada Manuela Fernández de Prado.