EL miércoles de la semana pasada, a propuesta del Partido Popular debatimos en el Parlamento Europeo sobre la amnistía y el Estado de Derecho en España. La escasa asistencia y atención de eurodiputados de otros estados frustró las expectativas del PP, promotor del debate. Por el contrario, nos alegró a las y los diputados que hemos trabajado durante años por conseguir que la Unión Europea prestase atención al tratamiento penal que se aplicó en España a la crisis catalana, un problema político.
El Partido Popular ha tratado de impedir estos años que se realizase este análisis porque los antecedentes no eran nada halagüeños. La Eurocámara celebraba su pleno mensual tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 y aquellas lamentables imágenes de violencia gratuita propiciaron que el tema se “colase” en el orden del día.
Lo que se vio aquel 4 de octubre en Estrasburgo lo resumió el entonces el presidente de mi grupo parlamentario y ex primer ministro belga Guy Verhofstadt: “Sin la ley, nada es posible. Pero solo con la ley no se resuelven los problemas políticos. Necesitan diálogo y negociación”. Lo que no se vio fueron los tejemanejes que hicieron juntos PP y PSOE para evitar que se transmitiese el mensaje que el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker, de viaje oficial, había encargado transmitir a su vicepresidente encargado de velar por la calidad del Estado de Derecho, Frans Timmermans.
Nosotros llevábamos meses trabajando discretamente para auspiciar una mediación europea que devolviese la cuestión catalana a la vía del diálogo y la negociación. Esa idea resume la Directiva de Claridad que incluimos en nuestro programa electoral. Es la base también de una propuesta de Reglamento que acabamos de presentar para resolver conflictos territoriales en la UE. Entre otras acciones, el lehendakari Urkullu había remitido una carta días antes al propio Juncker solicitando esa mediación, documento que hice público en aquel pleno. El mensaje del luxemburgués planteaba precisamente eso. Aunque PP y PSOE consiguieron evitar que la idea del arbitraje europeo se plantease, tomaron nota de que el “a por ellos” no había gustado nada en Bruselas.
Pero la ofensiva penal continuó con el procesamiento de más de 1.400 personas. Otras 1.200 recibieron oficios del Tribunal de Cuentas reclamándoles muchos millones de euros. Desde Amnistía Internacional hasta el grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, pasando por un nutrido número de especialistas en derecho penal y constitucional y hasta exmagistrados del Tribunal Supremo denunciaron la deficiente fundamentación jurídica de las actuaciones que fueron sucediéndose. Las críticas más acerbas las cosechó la condena por sedición contra los miembros del gobierno de Catalunya que acabaron cumpliendo casi cuatro años de cárcel. Dos de ellos eran exeurodiputados, Raúl Romeva y Oriol Junqueras.
La “creativa” construcción dedicada a relacionarles con actos violentos y condenarlos por sedición generó estupor en la Eurocámara. Ambos eran conocidos y apreciados en las bancadas de todos los grupos por sus profundas convicciones democráticas, su oposición a cualquier acción violenta y su trayectoria activa en favor de la paz y el diálogo en numerosos conflictos internacionales. Por aquí se recordaba además que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos había condenado a Manuel Marchena en 2017 por violar el derecho a la defensa de los miembros de la mesa del Parlamento Vasco en el llamado caso Atutxa. Cuando enseñábamos por aquí el fallo contra este magistrado nadie podía entender cómo, con esos antecedentes, pudo acabar presidiendo el tribunal que juzgó a los líderes catalanes. Lo aclaró el portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso cuando informó que habían conseguido “controlar por la puerta de atrás” la composición de dicho tribunal.
Por eso el PP evitaba siempre que el asunto catalán apareciese en la agenda europea, trabajo en el que contó con la colaboración socialista. El PSOE hizo gala entonces de una lealtad con aquella estrategia “de estado” que contrasta con la deslealtad con que el PP se conduce cuando está en la oposición. Todo comenzó a venirse abajo cuando el liderazgo de Pedro Sánchez acabó laminando la vieja guardia socialista y cuando Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí tomaron posesión de sus escaños. Tres eurodiputados, presentados como “prófugos de la justicia” o “golpistas”, se incorporaban a la Eurocámara gracias a la aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un oxímoron en toda regla.
Con estos antecedentes propiciar un debate sobre la amnistía que la mayoría absoluta del Congreso propone para revertir el problema es, desde la perspectiva del partido que promovió una amnistía fiscal que no perdonó solo infracciones administrativas ni genero rasgadura alguna de togas u otras vestiduras, es una muy mala idea. Una cosa es que frente a los grandes partidos estatales la eurodiputada de EAJ-PNV con otro grupo de colegas de minorías nacionales haga preguntas incómodas sobre lo extraño que resulta que en un Estado de la Unión se persigan penalmente actos parlamentarios, se anulen preventivamente decisiones no adoptadas, o se denuncie un “animado” chat en el que un importante número de jueces se muestran dispuestos a aplicar en sus sentencias sus prejuicios contra determinadas personas u organizaciones. Pero otra muy distinta es que se rompa el frente del “a por ellos”, ese sinónimo cañí de la “razón de estado”.
Por eso la cara del jefe de la bancada popular europea Manfred Weber durante el debate era un poema. Le obligaron a elegir entre la credibilidad que le merecen los jueces de su propio país, que no vieron en Puigdemont indicios de violencia o sedición y por ello lo dejaron en libertad, y la de los jueces españoles. Lo tenía claro. Después la bancada socialista le confirmó que el gobierno del PP organizó una “brigada patriótica” en la policía dedicada a la eliminación de pruebas que incriminaban a cargos del PP en casos de corrupción, fabricaban y atribuían falsamente delitos y espiaban a adversarios políticos. Se señaló también que el bloqueo inconstitucional al que el PP somete a órganos judiciales se debe a puro interés partidista, no a que les parezca mal el sistema de elección de jueces. Tampoco a los que se mantienen en el cargo tras caducar su mandato hace cinco años, pues fueron elegidos por ese procedimiento. En definitiva, se rompió la presa que mantenía esta y otras denuncias en el limbo de los periféricos. En definitiva, se acreditó que los socialistas han decidido cambiar de estrategia y apuestan firmemente por devolver este tema a la vía del diálogo y la negociación.
Los más conspicuos intérpretes del “a por ellos” generan hoy desde pronunciamientos extemporáneos del Consejo General del Poder Judicial a manifestaciones de jueces expresamente prohibidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Actividades que hacen un gran favor a la Ley de Amnistía porque van generando una larga lista de recusables a quienes se aliviará de la tentación de aplicar sus prejuicios. Actividades a las que el espíritu de la amnistía hace un enorme favor al propiciar que pensemos que cuando dimite la política en favor de la “razón de estado” lo mejor que puede ocurrir es que se aprovechen los errores cometidos para no reincidir en ellos.
Eurodiputada de EAJ-PNV - Renew Europe
