EN febrero de 1936, en un clima sociopolítico convulso marcado por tambores de guerra cada vez más estruendosos, con unas fuerzas políticas de izquierda empecinadas en una política antirreligiosa no exenta de violencia (quemas de iglesias y conventos) y otras fuerzas políticas de derecha empecinadas también en derribar violentamente el régimen republicano (el tradicionalismo navarro acordó en Leitza en 1931 la organización de los grupos paramilitares requetés), el nacionalismo vasco del PNV se presentó en solitario en todos los territorios de Hegoalde, a las trascendentales elecciones a Cortes, con un lema que sintetizaba perfectamente la tradición histórica de los jeltzales; ¡Por la civilización cristiana, la libertad patria y la justicia social!
Un planteamiento cristiano moderno y aperturista basado en el desarrollo del concepto de solidaridad y de lucha contra cualquier tipo de explotación humana. Una reivindicación del derecho a la libertad colectiva que, sin renunciar a nada (independencia o vuelta al régimen foral anterior a octubre de 1839), buscaba denodadamente la materialización de un Estatuto de Autonomía para Nafarroa, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Y, por supuesto, no menos importante, un desarrollo de un concepto amplio de justicia social, que contemplaba la participación de los obreros en los beneficios empresariales o el desarrollo de la función social de la propiedad privada mediante el fomento del acceso a la propiedad de la tierra para quien la trabajaba (baserritarras, campesinos).
Unos años después, el dirigente alavés Francisco Javier Landaburu, definió así las bases mínimas del bienestar social. “Salarios decentes, seguridad social efectiva, acceso universal a la cultura, viviendas dignas. Unas bases mínimas de bienestar en la ciudad y en el campo que deben ser extendidas en sentido horizontal y en sentido vertical”. Como se puede apreciar, conceptos todos ellos muy actuales que, defendidos con arrojo y altura política por el grupo de diputados liderado por José Antonio Aguirre Lekube en el malogrado quinquenio de la II República, habían situado al nacionalismo vasco en el centro-izquierda del espacio político.
En 1977, 40 años después de un largo exilio en el que, además de estos principios, los distintos líderes jelkides estuvieron en la vanguardia del proyecto de creación de una unión federal europea que reconociese las distintas realidades nacionales del continente, el PNV celebró en Iruñea su Asamblea Nacional bajo el lema Batasuna ta Indarra.
Una puesta de largo que, reconociendo la labor fundamental de los hombres y mujeres que mantuvieron la llama de los derechos nacionales y sociales vascos en la larga travesía del desierto, actualizaba aquellas primeras bases programáticas adaptándolas a nuevos tiempos marcados por el ruido de sables de un ejército español franquista, la violencia de los grupos de extrema derecha (1977, Matanza de Atocha contra abogados laboralistas comunistas) y la de la izquierda abertzale (en 1976 los comandos Bereziak de ETA p-m asesinaron al empresario Aingeru Berazadi).
En aquella magna asamblea de salida de la clandestinidad y de reconfiguración del partido en el incipiente modelo político de la Transición Democrática, el PNV ratificó sus postulados políticos humanistas de inspiración cristiana, revalidó su apuesta por el inalienable derecho de la ciudadanía vasca a decidir libremente su futuro y elaboró unas propuestas socioeconómicas que enunciaban el concepto de una economía siempre al servicio del género humano y consideraban el trabajo como elemento emancipador. Los postulados del PNV criticaban los desequilibrios sociales que generaba un capitalismo que, alentador de posiciones de dominio económico, comprometía la práctica libre de la democracia.
Frente a este modelo de capitalismo alienante y frente al modelo de socialismo tradicional, el PNV planteó una tercera vía que recogía aspectos de la socialdemocracia, teorías de autogestión y tendencias humanistas. Era una propuesta que buscaba una síntesis entre planificación y mercado y defendía un modelo social capaz de compaginar la existencia de un sistema socialmente justo y la plena vigencia de las libertades democráticas. Fue la del pabellón Anaitasuna de la capital navarra una cita exitosa que el recientemente fallecido Juan José Pujana recordaría siempre como un “calambrazo impresionante, por la energía que insufló en todas las organizaciones territoriales del partido” y que el gudari del Batallón Saseta Gerardo Bujanda calificaría como “la reaparición de algo que parecía dormido”.
Fueron estos principios de Iruñea 77 los que conformaron la columna vertebral del desarrollo institucional vasco en clave de progreso humano y estas las bases inspiradoras y reguladoras de las acciones parlamentarias en el Congreso y Senado lideradas por los portavoces Xabier Arzalluz, Marcos Vizcaya o Iñaki Anasagasti que, en sucesivas legislaturas, recibieron amplio respaldo popular.
Hoy, las elecciones convocadas por el presidente español Sánchez Pérez-Castejón, tras su fiasco electoral en los pasados comicios autonómicos y municipales, se quieren presentar en los medios de comunicación como una suerte de plebiscito en el que tener que elegir solamente entre democracia o fascismo o entre unidad o desmembramiento de España. Un discurso reduccionista y maniqueo, insultante para una ciudadanía plural envuelta en muy diversos problemas de muy diferente naturaleza. Un discurso simplista que trata de relanzar el nefasto bipartidismo español y esconder al tiempo las múltiples vergüenzas de Sánchez y de Feijóo para con el pueblo vasco.
Porque, siendo absolutamente cierto que el conservadurismo español, falto de escrúpulos políticos y con hambre atrasada de poder, está mostrando de manera cada vez más evidente sus numerosas aristas autoritarias de raíz franquista, no lo es menos que el socialismo hispano hace tiempo que inició una cada vez menos solapada carrera por recuperar sus esencias “nacionalistas españolas” centralistas y uniformizadoras.
Hoy debemos “agradecer” al Partido Popular su sinceridad en su actitud proactiva de alianza con la ultraderecha de Santiago Abascal que busca eliminar derechos y libertades básicas individuales y colectivas como nuestro autogobierno plasmado en el Estatuto de Gernika y en la Ley de Amejoramiento del Fuero navarro. Y hoy, desde una posición política abertzale, también tenemos que denunciar con firmeza, con mucha más firmeza que, de manera más ladina, a través de decretos-ley y leyes básicas, el socialismo sanchista lleva tiempo intentando cercenar el gran pacto estatuario de la CAPV ratificado por una mayoría de vascos (el Amejoramiento navarro nunca se ha querido someter a referéndum); lleva tiempo incumpliendo por mera táctica electoralista algo que, para un jurista como él, debería ser una cuestión de obligado cumplimiento: una ley orgánica, texto jurídico-político de primerísimo orden. Pedro Sánchez, añadiendo más irresponsabilidad aún para con la cuestión vasca, se ha jactado públicamente de no querer materializar determinadas transferencias pendientes. En definitiva, de dar la espalda al bienestar de la ciudadanía de Euskadi.
En mi opinión, en estas trascendentales elecciones, la opción electoral de vascas y vascos, tanto en la CAV como en Nafarroa no puede pasar por el eje PPSOE (o UPN) sino por opciones políticas que representan a corrientes ideológicas de amplia tradición histórica en favor de los derechos humanos universales, el bienestar ciudadano y los derechos nacionales de los territoriales del euskera. Hoy, porque hay mucho en juego, esta corriente ideológica, garantía de defensa y cumplimiento de tales valores, debe recibir, tras el retroceso electoral registrado el pasado 28 de mayo, una nueva dosis de energía, un nuevo “calambrazo” como en la Asamblea Nacional del PNV en Iruñea en 1977.
Desde la autocrítica necesaria y la reconfiguración de algunas de sus posiciones, el nacionalismo vasco, realizando una intensa pedagogía de los mucho que se ha conseguido (cuestión ésta que brilla por su ausencia), debe liderar un nuevo impulso de avance democrático sobre la base del principio de “derechos humanos para todas y todos en todo momento”, un nuevo impulso para seguir profundizando en blindajes socioeconómicos como la RGI, los nuevos planes de igualdad y conciliación familiar, la atracción de inversiones tecnológicas de valor añadido, las ayudas al fomento de la natalidad, el fomento de la economía social, los derechos del colectivo LGTBI, la protección a las mujeres contra la violencia machista en parámetros de calidad y eficacia, la plena inclusión social de las personas con discapacidad física e intelectual o las políticas de justicia restaurativa. Y, por supuesto, un nuevo impulso para completar el Estatuto de Gernika, materializar las competencias autonómicas de Nafarroa y avanzar en dinámicas de consenso que posibiliten ese ejercicio del derecho a decidir que el lehendakari Ibarretxe defendió en las Cortes de España. Estas son las claves para seguir avanzando como nación próspera de vanguardia en el contexto europeo: democracia, autogobierno y humanismo social. Batasuna eta indarra gure aitaren etxea defendatzeko.
Doctor en Historia
