Tribuna abierta

El derecho a un medio ambiente saludable, un nuevo derecho humano

Muchas cuestiones sobre la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente continúan sin resolverse y expertos en derecho ambiental y en gobernanza consideran como muy importante que la Organización de Naciones Unidas incluya el derecho a un medio ambiente saludable dentro de la Carta Universal de Derechos Humanos

27.07.2020 | 10:23
Tribuna abierta

SOLO desde los años 60 del siglo XX el ambientalismo vino a alumbrar la necesidad de incorporar las inquietudes de la Humanidad aquello que, no siendo humano, formaba parte de la vida planetaria. En unos momentos en que cundió la defensa de los derechos de otras culturas, la pluralidad y las vindicaciones multipolares, apareció también la demanda de la diversidad biológica o biodiversidad. De la misma manera que se ganó consciencia en el respeto de las diferencias, en la sexualidad, en las religiones, en las culturas, en las razas, surgió la sensibilidad hacia los derechos de la Naturaleza. Desde entonces, la idea que animó los derechos humanos se extendió, como una vindicación humana más, a los derechos de las aguas, de los bosques o de los animales.

A estas alturas, cerca de sesenta años después, puede bien afirmarse que la noción de democracia universal se ha ampliado hasta una categoría en la que participan, de manera insoslayable, la totalidad de los seres con quienes compartimos el planeta. El mundo, por fin, gracias a una mayor conciencia medioambiental, aunque todavía insuficiente, ha podido alcanzar a contemplarse, en el siglo XXI, como un espacio integral donde las vinculaciones son delicadas y recíprocas, y no unilaterales y jerárquicas.

Todo esto viene a cuento, porque en los últimos años, en pleno siglo XXI, expertos en derecho ambiental y en gobernanza consideran como muy importante que Naciones Unidas incluya el derecho a un medio ambiente sano dentro de la Carta Universal de Derechos Humanos como un artículo nuevo.

El propio relator de la Organización de las Naciones Unidas, David R. Boyd, hace unos días señaló que "lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar este momento de crisis ecológica mundial para asegurar el reconocimiento de este derecho por parte de las Naciones Unidas, de modo que todos, en todas partes, se beneficien. El derecho humano a un planeta sano, si es reconocido por todas las naciones, podría ser el derecho humano más importante del siglo XXI". Estas declaraciones han sido muy bien vistas también por algunas ONG que, desde hace décadas, llevan advirtiendo de la evidente relación que existe entre el deterioro de los ecosistemas y la naturaleza y la vulneración de los derechos humanos. Front Line Defenders, organización de defensa de los derechos humanos fundada en Dublín en 2001 para proteger a las activistas defensoras de los derechos humanos que trabajan desde los postulados de la no violencia recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aporta un dato relevante que apoya esta teoría: el 40% de los 304 activistas que fueron asesinados en 2019 eran defensores de la tierra. Las muertes asociadas a la degradación del planeta no son solo las de aquellos que, desde la lucha social, se enfrentan a proyectos extractivistas. Tanto es así que miles de muertes tienen que ver con enfermedades derivadas del modelo de desarrollo insostenible y depredador existente que tienen estrecha relación con la mala calidad del aire, o el mal estado de las aguas, entre otras problemáticas. Según la propia Organización Mundial para la Salud (OMS), el 28% de los óbitos globales tienen que ver con cuestiones ambientales.

En estos momentos en que se viene a plantear el derecho al medio ambiente como un nuevo derecho humano, convendría recordar que la Diputación Foral de Bizkaia, por iniciativa de su departamento de Medio Ambiente, cuya diputada era María Esther Solabarrieta, organizó del 10 al 13 de febrero de 1999 en Bilbao el Seminario Internacional sobre el Derecho al Medio Ambiente, en el que participé como experto, bajo los auspicios de la Unesco y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Allí se aprobó la Declaración de Bizkaia, en la que se proponía a la Comunidad Internacional y, en especial, a las Naciones Unidas y organizaciones de carácter mundial y regional, el reconocimiento efectivo del "derecho al medio ambiente que se debía de ejercer de forma compatible con los demás derechos humanos". Pero ahí quedó la cosa, después de numerosas gestiones.

En los últimos años ha crecido mucho la aceptación de los vínculos entre los derechos humanos y el medio ambiente. También han aumentado rápidamente el número y los objetivos de las leyes, las decisiones judiciales y los estudios académicos, tanto regionales como estatales e internacionales, fruto de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente.

Numerosos Estados integran ahora en sus constituciones el derecho a un medio ambiente saludable. Sin embargo, muchas cuestiones sobre la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente continúan sin resolverse y necesitan más atención. Para muchos expertos, el medio ambiente muchas veces se ve cómo algo vinculado a políticas sectoriales y de menor peso frente a la industria o la economía. Sin embargo, "se trata de algo transversal y un asunto relacionado con la gobernanza global", opina Juan Carlos Atienza, portavoz de SEO/BirdLife, organización que ha iniciado una recogida de firmas para incluir el derecho a un planeta sano en un nuevo artículo de las Declaración Universal de Derechos Humanos. "El hecho de que se incluya este nuevo derecho obligará a miles de países a incluirlo en sus leyes y dará una mayor cobertura a aquellos ciudadanos o colectivos que tengan que ir a los tribunales", agrega Juan Carlos Atienza.

El posible nuevo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin duda, puede servir para dar un mayor amparo legal a las comunidades y sociedades que necesiten denunciar la degradación de sus entornos, aunque también es cierto que ello no quiere decir que no se siga destruyendo el medio ambiente. Es por ello que debe hacerse hincapié en la necesidad de fortalecer los mecanismos para que se cumplan todos los convenios ambientales. Ha llegado la hora de crear una agencia independiente, dentro del sistema de las Naciones Unidas, dotada de mandato, recursos y autoridad para llevar a la práctica la misión de preservar la salud ambiental de la casa común: la Organización Mundial del Medio Ambiente (OMMA). Según Nicholas Stern, economista y académico británico, y autor de un importante informe publicado en 2006 que lleva su propio nombre (Informe Stern) sobre cómo abordar la lucha contra el cambio climático, considera que la OMMA sería la institución encargada de llevar a la práctica los acuerdos de la comunidad internacional dirigidos a preservar los umbrales de seguridad ambiental del planeta.

En resumidas cuentas, la llegada de este nuevo derecho fundamental puede suponer al menos un elemento más al que la ciudadanía se pueda acoger para denunciar ataques contra el medio ambiente y los ecosistemas, y contra la propia vida, además de dar respuesta a multitud de conflictos ambientales que superan las capacidades de los estamentos judiciales de los estados. Muchos de los grandes retos ambientales exceden las fronteras, entre ellos, la crisis climática, la mayor amenaza ambiental planetaria y para los derechos humanos.

* Experto en temas ambientales, Premio Nacional de Medio Ambiente y de Periodismo Ambiental Vasco 2019