DIVERSAS organizaciones agrupadas en la Alianza por la Emergencia Climática han demandado a las instituciones y a los grupos políticos que se declare el estado de emergencia climática. Esta emergencia implica el reconocimiento de que nuestro entorno, los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro por las consecuencias del cambio climático y la necesidad de adopción de medidas urgentes.
Los informes sobre el estado de la biodiversidad de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES en inglés) y el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPPC) nos indican el peligro real sobre los ecosistemas, con la pérdida significativa de miles de especies y el aumento del calentamiento global de 1,5 oC. Estas organizaciones científicas alertan del rumbo de colisión a la catástrofe que llevará a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. El peso de las evidencias científicas debe ser reconocido de manera pública, acompañado de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como políticas de adaptación al climático si queremos la existencia de un futuro sostenible para la ciudadanía y el medio ambiente.
Frente a la crisis climática cada vez más agudizada, las movilizaciones de la sociedad civil en el ámbito internacional, europeo y local se dirigen a las instituciones para que acepten la realidad de la crisis climática global y las graves consecuencias próximas de no hacer nada. Declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. El objetivo, asumido por el consenso científico, de disminuir las emisiones de carbono a un ritmo del 7% anual hasta el 2030 y una economía neutra en carbono para el 2040 -en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático de Euskadi que, actualmente está en fase de tramitación administrativa, se deja ese compromiso para 2050-, requiere planes concretos, así como la participación de toda la sociedad en su logro. Si no descarbonizamos todos los sectores de nuestra economía, a finales del presente siglo, con temperaturas por encima de los 2 oC, nos encontraremos con alteraciones muy importantes donde los efectos sobre las sociedades humanas y la naturaleza serían muy graves e incluso catastróficas. Esas alteraciones van a venir sobre todo del agua y a través de los alimentos, que son las cuestiones básicas por las que sobrevive la sociedad. Otro gran problema es el nivel del mar, que ya se ha elevado 20 cm y que se elevará medio metro al final del siglo, en el mejor de los escenarios.
A principios de mayo, el Parlamento británico aprobó una declaración de emergencia climática, además de Irlanda, Escocia y Gales. Cataluña ha aprobado una resolución en el mismo sentido con los objetivos de descarbonización de la energía, detener la pérdida de biodiversidad, promover la recuperación de los ecosistemas, una economía circular y la creación de puestos de trabajo verdes. Objetivos ambiciosos, que veremos si se traducen en una agenda con medidas concretas.
El pasado 30 de julio el Gobierno vasco aprobó declarar la situación de “emergencia climática y ambiental”, siguiendo los pasos adoptados por numerosas instituciones políticas, sociales y académicas de todo el mundo. Con este paso, y en palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, el Gobierno vasco asume el compromiso de “adoptar acciones urgentes y ambiciosas en el conjunto de las políticas del Ejecutivo” autónomo, entre las que figuran “avanzar en una economía neutra en carbono para el año 2050”.
En la declaración de emergencia climática se aboga por la necesidad de abordar una “adaptación integral de los sistemas de transporte, las dinámicas de configuración urbana y territorial, la gestión de los recursos, los modelos de producción industrial y agropecuario o la apuesta por la economía circular”.
Conviene recordar que un estudio reciente de Ihobe (Sociedad de Gestión Ambiental dependiente del Gobierno vasco), con datos diarios desde 1971 concluye que la previsión de un aumento de las temperaturas mínimas en invierno y de las máximas en verano provocará que 40 municipios del País Vasco, en los que residen el 80% de la población, se verán afectados por fenómenos climáticos extremos en los próximos años, como inundaciones, subidas del nivel del mar y olas de calor. Ese mismo estudio advierte de que las temperaturas mínimas extremas subirán entre 1 y 3 oC en los meses de invierno, mientras que las temperaturas máximas extremas aumentarán 3 oC durante el verano. Esta previsión se dará también en las tres capitales vascas, que registrarán a finales de este siglo un aumento de 4-5 oC de las temperaturas máximas y de 3-4 oC de las mínimas.
Sin duda, la declaración de emergencia climática supone un aldabonazo importante en la conciencia de nuestra sociedad, pero refleja, también, la necesidad de que las instituciones vascas adopten medidas urgentes de lucha contra el cambio climático, igual que el mundo de las empresas y la propia ciudadanía; aunque las administraciones deben ser un ejemplo a la hora de tomar conciencia y promover soluciones para frenar la degradación ambiental que sufrimos. A este nivel, se debe elaborar una hoja de ruta vinculante que asuma las indicaciones de los informes del IPCC para limitar el aumento de las temperaturas globales, y se debe tener presente que una urgente descarbonización de la economía implica una reducción anual del consumo energético para abordar esta situación de emergencia climática.
Y pondré dos temas que considero importante y donde habría que avanzar muy mucho. Uno es en el campo de la movilidad y el transporte. Conviene recordar que el sector del transporte por carretera es el responsable de un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero que emite la Unión Europea y de un porcentaje similar en nuestro país, al utilizar derivados del petróleo, y que supone el 96% de los desplazamientos en Euskadi. Reducir de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el sector del transporte significa replantearse, entre otras cuestiones, el sistema de movilidad urbana actual. Es necesario dar un giro radical a las actuales políticas de movilidad, y en este sentido son necesarias medidas concretas de reducción de los desplazamientos en vehículo privado en los municipios, potenciando el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.
Otro tema importante es en el campo de las energías renovables. Con el horizonte puesto en 2030, las instituciones de la Unión Europea han acordado que para descarbonizar Europa el objetivo debe ser un 32% de renovables en el consumo de energía total. En el caso de Euskadi, actualmente solo se genera mediante fuentes renovables el 7% de su energía.
Luchar contra el cambio climático va a exigir cambios drásticos y nuestro país debe aplicarse al máximo.
