Tribuna abierta

Sistemas electorales, implicaciones políticas y estrategias partidistas

El modelo electoral al Congreso y el Senado tiende a favorecer a los partidos grandes, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico; sin embargo, su debilitamiento con la crisis y la recentralización, que dificulta pactar con los nacionalismos, llevan a la inestabilidad

09.02.2020 | 01:14

LOS sistemas electorales, tal y como figuran en la Constitución española de 1978 y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, rigen las modalidades de elección de los diputados y senadores en las elecciones generales. Esta normativa, que se inscribe en el Estado de las Autonomías, aspira a compaginar representatividad y gobernabilidad, en un contexto político marcado, por una parte, por la instauración de la democracia bajo la forma de una monarquía parlamentaria y, por otra parte, por el predominio de ciertos partidos de ámbito estatal y autonómico. Estos sistemas se aplicarán en las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 28 de abril.

En lo que se refiere al Congreso, se elegirán 350 diputados que representarán a 52 circunscripciones de acuerdo con la Ley D'Hondt. Se trata de un sistema de cálculo proporcional creado por el jurista belga Victor D'Hondt a finales del siglo XIX y que se aplica igualmente en otros países europeos como Bélgica, Finlandia o Irlanda, así como en naciones ajenas al viejo continente, entre ellas Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Israel o Japón. A estas elecciones se presentan los diferentes partidos en listas cerradas, de modo que no sea posible elegir a candidatos que figuran en distintas planchas.

En virtud de esta ley, mientras que Ceuta y Melilla tienen asignado un diputado cada una, el resto de las circunscripciones provinciales disponen como mínimo de dos diputados mientras el resto de los diputados "se reparten en función de la población empadronada". Para proceder a dichas asignaciones, se excluyen en cada circunscripción las candidaturas que no hayan obtenido, como mínimo, el 3% de los sufragios válidos emitidos; sabiendo que los votos en blanco son considerados como efectivos. "Con el resto de candidaturas, se ordenan de mayor a menor", según los votos conseguidos. Se divide, entonces, "el número de votos obtenidos por cada candidatura (?) hasta el número igual al de los escaños correspondientes a la circunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente".

En cuanto al Senado, en virtud del artículo 69 de la Constitución y de los artículos 161 y 165 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, los 266 senadores son elegidos según un doble procedimiento. Por un lado, "la mayor parte de los senadores son elegidos en circunscripciones provinciales", teniendo en cuenta que "en cada circunscripción, se eligen cuadro senadores" excepto en las circunscripciones insulares. Los senadores son elegidos "por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto". Además, "aunque los candidatos aparecen agrupados por partidos políticos (o coaliciones de partidos) en la papeleta de votación, las candidaturas son individuales a efectos de votación y escrutinio, de tal modo que el elector pueda votar a candidatos de fuerzas políticas diversas". Por lo tanto, se trata de "un procedimiento distinto del de las listas de partido, (?) bloqueadas, del Congreso de los Diputados".

Por otra parte, cada Comunidad Autónoma designa a un senador, al que se añade un senador adicional por cada millón de habitantes del territorio correspondiente, de tal forma que el número de senadores a través de ese procedimiento varía en función de la evolución de la población. Son designados por los parlamentos autonómicos respetando el principio de proporcionalidad. "Cada Comunidad Autónoma regula en su Estatuto, Ley Autonómica y/o Reglamento de la Cámara el procedimiento de elección". Mientras que algunas elijen a sus senadores entre sus diputados autonómicos, otros "permiten la designación como senador de personas que no pertenecen a ese Parlamento".

En general, los sistemas electorales para el Congreso y el Senado tienden a favorecer a las principales formaciones políticas en sus territorios respectivos, lo que fortalece la posición relativa de los grandes partidos de ámbito estatal (el PSOE y el PP hasta una fecha reciente) y los partidos nacionalistas, en general de carácter autonómico (como fue en su día CiU en Catalunya o es el PNV en el País Vasco).

Ahora bien, la crisis financiera y económica iniciada en 2008, que ha desembocado en una crisis política, ha provocado un debilitamiento de los grandes partidos de gobierno, tanto de izquierdas como de derechas, y ha propiciado la aparición repentina de nuevas formaciones políticas, tales como Ciudadanos, Podemos y, más recientemente, Vox. A su vez, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, considerando como anticonstitucionales 14 de sus artículos, y la recentralización creciente del Estado vía la no-transferencia de competencias que figuran en algunos Estatutos de Autonomía junto a la invasión de competencias autonómicas, la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional o la imposición de límites de déficits, han agudizado la cuestión territorial.

Ambos cambios se han traducido, por un lado, en una fragmentación creciente del panorama electoral a nivel estatal, de modo que ningún partido esté en condiciones de obtener la mayoría absoluta por sí solo y, por lo tanto, de gobernar en solitario; y, por otro lado, los acuerdos entre los partidos constitucionalistas y soberanistas se han convertido en sumamente complicados, por no decir imposibles, sobre todo cuando la tensión territorial se agudiza. Esto ha desembocado en una inestabilidad política que puede convertirse en crónica, como han puesto de manifiesto las últimas dos legislaturas. En la primera, Mariano Rajoy fue incapaz de obtener la investidura del Parlamento, lo que desembocó en la convocatoria prematura de nuevas elecciones; y, en la segunda, aunque consiguió la investidura, sucumbió a una moción de censura que propició el acceso al poder de Pedro Sánchez, a quien no le fue posible aprobar los presupuestos de 2019, generando una nueva convocatoria de elecciones anticipadas.

En ese contexto, los partidos han ajustado sus estrategias electorales priorizando cuatro opciones. En primer lugar, han intentado tejer candidaturas comunes, a la imagen de las listas unitarias presentadas en Nafarroa para las elecciones senatoriales, tanto por el cuatripartido que apoya el gobierno liderado por Uxue Barkos como por UPN, PP y Ciudadanos que se presentarán bajo la candidatura Navarra Suma. En segundo lugar, de cara a garantizar la obtención de un grupo parlamentario y hacer frente a la tentación recentralizadora del tripartito PP-Ciudadanos-Vox, ciertas candidaturas han decidido, sobre la base de un programa de mínimos, hacer campaña en común y formar un mismo grupo parlamentario una vez elegidos, tal como han hecho ERC y EH Bildu. En tercer lugar, determinados partidos, especialmente Ciudadanos y PP, han realizado varios fichajes de personalidades provenientes de la sociedad civil de cara a ampliar sus bases electorales y atraer a electores que desconfían de los políticos profesionales. En cuarto y último lugar, algunas formaciones han prefigurado los partidos con los cuales son susceptibles de tejer alianzas una vez elegidos.