SORTU ha culminado una refundación que le devuelve a sus orígenes. La gran novedad que presenta es una imagen juvenista que orbita alrededor de Arnaldo Otegi, al que se ha convertido en el dirigente carismático “que marca la diferencia”. En todo lo demás, aunque su lenguaje esté distinguido por una mayor sutileza, el partido refundado se mueve por el camino marcado por su práctica histórica particular o por la experiencia de otras fuerzas y movimientos marxistas del globo, tal y como proclama abiertamente en el documento que dedica a los Valores Ideológicos.
El partido diseñado en Zohardia se sujeta a la definición leninista más literal. Es el partido que guía la revolución de acuerdo con la “combinación de las ideas del socialismo con el movimiento de masas” (Lenin), y que actúa bajo las reglas del centralismo democrático. De ahí su carácter de partido-movimiento. En este, finalizada la fase participativa del Congreso, le sigue una “disciplina interna y cohesión militante” exigida para evitar disidencias. Un alineamiento monolítico eficaz para que la militancia pueda penetrar a bloque en los movimientos populares y pueda ejercer en ellos un poder tutelar-centralizador a favor de la política que en cada momento especifique la dirección del partido. El movimiento obrero y juvenil, por su parte, también definirán sus líneas de actuación bajo las pautas principales señaladas por Abian y Zohardia.
“Sortu es una organización revolucionaria”, dice textualmente el documento, que actúa en el marco de un proceso revolucionario continuo que, al estilo de la concepción maoísta, se desarrollaría en dos etapas. Una primera de radicalización democrática y una segunda abiertamente socialista. Para impulsar el proceso se tira del vademécum revolucionario, apelando con profusión a la “ética” y a la “épica” como componentes necesarios del discurso público del partido. La regla de oro para la ética revolucionaria: “No es más revolucionario el que hace las consignas más revolucionarias, sino el que sabe levantar las banderas adecuadas” (Otegi). La gesta y el relato para una épica revolucionaria: “150 años de la publicación del primer tomo de El Capital de Marx y 100 años de la Revolución Rusa”, “brújula del socialismo para la justicia y libertad” (en la resolución final del Congreso).
El partido-movimiento pretende desplegar todos sus brazos para reavivar un conflicto hoy aletargado. Con la épica y la ética se quiere recuperar a los “sectores más combativos”, que serán muy necesarios para que la confrontación vaya a endurecerse, ayudada por dinámicas de acción directa y desobediencia. La dialéctica de avance del proceso revolucionario depende de la capacidad de ejercer la desobediencia civil e institucional. Abian diseñó los marcos en los que se hará posible el despliegue de desobediencias y Zohardia los ha precisado. Hay una línea principal de desobediencia y otras líneas secundarias. La principal debe ser masiva y apunta al objetivo que la ponencia de Sortu ha marcado para esta etapa del proceso revolucionario, la radicalización democrática. Las secundarias, relacionadas con el cambio social, deben regularse para ser útiles al servicio de la agudización del parámetro de confrontación principal.
La finalidad del impulso de radicalización democrática es provocar un frente contra el Estado que se una al catalán. Se prevé un proceso largo, que finalizará en el año 2026. Aunque se valora la consecución de Euskal Elkargoa de Iparralde y la realización del cambio político en Nafarroa, la locomotora de la radicalización será la CAPV sin esperar a la decantación de los otros dos distritos administrativos de Euskal Herria. Este proceso sería alimentado desde dos dimensiones, cívica e institucional, en un recorrido mimético al del procés catalán.
En la primera de las dimensiones se quiere que la forma de lucha comprometa a cada vez más gente, en un movimiento de masas liberado de la marca del abertzalismo, para que esta identificación no limite el crecimiento de la movilización social. En la dimensión institucional, en cambio, el abertzalismo no es freno sino acicate del proceso, ya que presenta la posibilidad de articular una potente mayoría representativa que se sujetaría más cómodamente a la presión de una gran ola social.
El debate de “nuevo estatus” sería la oportunidad. Su eventual fracaso (¿2020?), avivaría un bloqueo institucional y podría crear una conmoción semejante a la que el Tribunal Constitucional causó en Cataluña en el año 2010. El empuje del movimiento social ya creado podría derivar en una dinámica de grandes movilizaciones que se alimentarían del bloqueo institucional y empujarían a la vez a las instituciones a un choque de soberanías dificultando las posibilidades de transacción.
De resultar triunfante este diseño, el escenario final podría ser el de amplias masas en la calle, movilizadas de manera pacífica, pero con la firme resolución de desbordar la legalidad que les acogota, y unas instituciones atrapadas en una espiral de confrontación frentista (aunque democrática) sin fin.
