uNO de los pilares de la Política Agraria Común (PAC), muy importante, es la integración de una serie de políticas activas que complementan la ayuda a la renta de los productores, aunque este es el primer pilar, como dice su propio nombre, el primer apoyo que tienen nuestros productores tanto por su importancia como por su carácter directo.
En esta última reforma que se aplicará a partir de 2015, las ayudas directas sufrirán un vuelco importantes puesto que pasaremos de las referencias históricas a un pago territorial por hectárea, con un importante componente medioambiental. Esta reformulación de las ayudas trae por la calle de la amargura a los productores y, muy especialmente, a aquellos productores de subsectores como el vacuno de carne, leche, ovino, etc. en los que las ayudas directas son vitales para su supervivencia.
En otros países como el Reino Unido, algunos landers alemanes, etc. no temen este pago por hectárea puesto que ellos ya apostaron por ese pago territorial en la reforma anterior del 2007 y, por lo tanto, esta reforma o revolución solo afecta a países como el nuestro que optaron por las referencias históricas aún a sabiendas de que la tendencia imperante en los pasillos comunitarios era la opción territorial.
Ahora bien, el pago territorial a la hectárea con su complemento medioambiental y sus refuerzos asociados, de zonas de montaña y de apoyo a la juventud se puede aplicar, así lo recoge el acuerdo europeo, bien a nivel del Estado bien a nivel regional, sea región administrativa sea región productiva.
En el Estado español, el correoso ministro Cañete tiene un objetivo claro y no es otro que lograr que la foto resultante de la aplicación de la nueva reforma sea idéntica, o al menos lo más parecida posible, a la foto actual y para ello, además de sujetar el total de hectáreas elegibles en el umbral de las 22,5 millones de hectáreas, ha diseñado una aplicación estatal que se materializará a través de un complejo mapa de comarcas productivas, alrededor de 300, lo más homogéneas posible, para que el proceso de convergencia interna dentro de cada una de ellas afecte lo menos posible al importe que perciben los productores integrados en dichas comarcas.
La aplicación nacional de la reforma será el campo de lucha para los consejeros agrarios tanto vasco como catalán en la conferencia sectorial a celebrar hoy y mañana (resulta paradójico que Santiago, el de "cierra España", sea festivo aquí), a la que acudirán, amparados por la competencia plena en materia agraria recogida en sus estatutos, para arrancarle a Cañete que sus gobiernos puedan diseñar tanto la política del primer pilar pero, también, las integradas en el segundo pilar que, dicho sea de paso, Madrid quiere recentralizar.
Euskadi tiene plenas competencias en materia agrícola por lo que es inexplicable que el ministerio quiera saltarse a la torera la legalidad que tanto reclaman y opten por una aplicación nacional que obvie nuestras competencias. La aplicación regional o autonómica asegura una aplicación más cercana, más apegada al territorio, por una administración que conoce de primera mano nuestro sector, etc. Pero, es más, la naturaleza foral de nuestra hacienda hace que sean nuestras administraciones quienes tengan que cofinanciar las políticas del segundo pilar, por lo que, no caben ni excusas ni martingalas para evitar la legalidad.
La consejera Arantza Tapia (o el representante del Gobierno vasco que acuda) debe saber que el sector agrario vasco en su conjunto apoya la aplicación regional de la Política Agraria Común que piensa reivindicar ante el ministro Arias Cañete en el seno de la Conferencia Sectorial. Ahora bien, ese apoyo debe ser correspondido con un trabajo interno, coordinado, continuado y consensuado entre las administraciones y agentes sectoriales.
El primer paso se dio la semana pasada con una reunión, breve, intensa pero interesante en Arkaute. Confiemos en que haya más.
