LOS primeros días del año cero de la segunda década del milenio vienen marcados por los últimos ecos del penúltimo traspaso de competencias a la Generalitat catalana y el prólogo de la campaña electoral de las autonómicas que, como muy tarde, habrán de llegar al otoño.

El traspaso, calificado de "histórico" por el tripartito en el gobierno, y sobre todo por el predominante PSC, ha sido el de la titularidad de los ferrocarriles de cercanías. Un complejo que da servicio a cuatro millones y medio de un área metropolitana que va mucho más allá de la comarca del Barcelonés.

Tienen su razón quienes alardean de un logro que ha tardado décadas en conseguirse. Pero también quienes critican el alcance del acuerdo. Porque la titularidad implica poco más que el fuero, sin huevo. Los trenes y las vías permanecen bajo la responsabilidad inalienable de Adif, entidad del Estado, y las promesas de inversión de 4.000 millones aplazan la resolución de los principales problemas causados, día sí, día también, a los usuarios.

La gestión, en manos de Renfe, por lo menos hasta 2011, cuando el próximo Govern podrá decidir si la asume, o la adjudica a otra empresa, sin que aparezca ninguna interesada, hasta ahora. En manos del equipo Montilla queda el poder decidir aspectos como la frecuencia de paso, las variaciones de itinerarios y las tarifas. Menos mal que ya las ha aumentado el Gobierno español (un 5 por ciento para este año, más de cinco veces la inflación oficial) antes del traspaso, y le ha evitado pasar el mal trago.

A unos meses de la convocatoria a las urnas, y con unas encuestas que muestran la tendencia de crecimiento de CiU y el hundimiento progresivo de los socialistas y Esquerra, algunos van tomando posiciones. La principal incógnita continua siendo la irrupción de una o más candidaturas independentistas.

El Reagrupament de Carretero parece decidido a dar el paso, y Joan Laporta, presidente saliente del Barça, dispuesto a ser "líder, pero no mártir" de un proyecto que sólo admitiría si lo encabezase él mismo; además, podrían orillarlo con una mínima anticipación de las autonómicas, para hacerlas coincidir con las del club.

Los republicanos se temen lo peor y anuncian una consulta entre 250.000 afiliados y simpatizantes para que les digan en qué condiciones deberían formar parte de un futuro ejecutivo. Claro que, para eso, la aritmética les habría de permitir ser decisivos, después de contar los votos.

El PSC dice y repite la consigna de la relatividad de los sondeos y los antecedentes históricos de reversión de las tendencias. Pero lo peor no es que el traspaso de cercanías y tantos otros supuestos éxitos hayan dejado indiferente a la población. Ni las perspectivs de una abstención creciente y cada vez más activa, o de una atomización de grupos en el Parlament.

El hartazgo por las miserias políticas propias y, en paralelo, de los reveses que llegan del Estado, continúan creciendo exponencialmente, en espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que un día se filtra en un sentido, y al siguiente en el contrario, pero que ya no puede tardar en conocerse y, sea cual sea, influirá en el electorado.

El propio presidente de la Comunidad no debe verla con demasiada esperanza, cuando se ha dirigido a 200 entidades de la llamada sociedad civil (deportivas, profesionales, empresariales, culturales?), pidiéndoles apoyo al texto original, caso que quede reducido a caricatura por la tijera de los altos magistrados.

Y es aquí donde queda retratado el máximo representante del autogobierno catalán. Pedir al sector privado que asuma la reivindicación, sin encabezarla personalmente, suena a reconocimiento tácito de su inutilidad, y quién sabe si a anticipo de su inhibición en un asunto crucial, sin duda el más básico entre los que le corresponden directamente por el cargo. Aunque continúe con sus avisos y toques de alerta a Madrid y al PSOE.