La decisión del Congreso de retirar la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo abre un debate incómodo, pero necesario: dónde termina el derecho a informar y dónde empieza la utilización del periodismo como instrumento de presión, provocación o activismo encubierto. No es un debate nuevo, ni siquiera original. Sabemos con certeza que en una democracia abierta la libertad de prensa no es un privilegio ornamental, sino una garantía esencial, en algunos países con vitola constitucional. Siendo esto cierto, también se exigen reglas mínimas de conducta, respeto institucional y una comprensión básica de la función que deben cumplir los medios de información. Cuando un acreditado convierte su presencia en sede parlamentaria en una estrategia sistemática de confrontación, desprecio a las normas y desnaturalización del trabajo periodístico, no solo degrada su propia credencial: ataca la credibilidad del conjunto del oficio, ya de por sí castigado. El periodismo no es una coartada para la intimidación ni una excusa para confundir denuncia con espectáculo. Tampoco puede convertirse en altavoz de agendas políticas disfrazadas de cobertura informativa. Por eso la reacción del Congreso es acertada. No se trata de blindar a los poderes públicos frente a preguntas incómodas, sino de preservar un estándar profesional que separa la información del matonismo mediático. Quien quiera ejercer el periodismo desde el ruido, la deslealtad o la desinformación debe asumir que las instituciones también tienen derecho a protegerse.
