Siempre he pensado que las ciudades, las calles y los barrios deberían diseñarse para todas las personas. Para quienes caminan deprisa, para quienes van despacio, para quienes empujan un carrito, para quienes envejecen… y, por supuesto, para quienes se desplazan en silla de ruedas. Está muy bien invertir millones en descubrir si hay vida en otros planetas, pero quizá convendría asegurarnos antes de que, en este, todas las personas puedan vivir con autonomía y dignidad. Hace poco, un amigo me contaba los obstáculos que encontró simplemente para ir hasta Barakaldo. Nada extraordinario: coger un tren y salir de una estación. Sin embargo, la realidad fue otra. Para salvar la separación entre el andén y el tren tuvo que ser ayudado. Al llegar, los ascensores de la estación estaban estropeados. Para continuar el trayecto, se encontró con pasos a distintas alturas que solo pudo superar gracias a la ayuda de cuatro personas. No es una anécdota sino una realidad cotidiana para muchas personas. Y lo más preocupante es que, además de las barreras físicas, existen barreras sociales. Personas que se impacientan porque “se pierde tiempo” cuando alguien en silla de ruedas sube a un autobús y hay que desplegar la rampa. La accesibilidad no es un lujo ni un favor. Es una obligación y una muestra de respeto. Se debe seguir trabajando –y mucho– para garantizar la movilidad y la autonomía de todas las personas. Porque una ciudad que no es accesible no es una ciudad inclusiva. Es una ciudad que deja a parte de su ciudadanía atrás.
