El Partido Popular ha empleado la estrategia de la confrontación como eje de su labor de oposición. Esta tajante afirmación no hace sino reafirmar lo que muchos sospechamos y que la experiencia demuestra. Feijóo busca el choque en cuestiones vitales de la vida política española y usa de forma permanente un lenguaje duro y alarmista. Por esto mismo, la crítica a las instituciones cuando están afectadas por polémicas (como es el caso de Álvarez Ortiz) encaja en esa estrategia de desgaste al Gobierno. Pero pongámonos en contexto. El PSOE acusa al PP de “socavar” la credibilidad de la Justicia y de otras instituciones para obtener réditos electorales, mientras que el PP acusa al Gobierno de “usar las instituciones para protegerse judicialmente”. Estas acusaciones un tanto simétricas sugieren la instrumentalización de las instituciones como arma arrojadiza. Ello otorga credibilidad a la idea de que ambos partidos buscan rédito electoral de estas crisis. Nos encontramos por tanto con una estrategia política estructurada encajada en un entorno de confrontación. El objetivo no sería necesariamente “destruir” las instituciones, una idea recurrente por otra parte desde la extrema derecha, sino utilizar su presunto deterioro (según la versión del PP) como un argumento potente para la campaña electoral y erosionar la imagen del Gobierno, presentándose como la única alternativa capaz de restaurar la normalidad democrática. Álvarez Ortiz, que hoy declara, se transforma así en el pianista al que todos disparan.