Cuando las calles todavía guardaban la resaca morada de una jornada de reivindicación a favor de la mujer dos adolescentes de 14 y 15 años y una joven de 17 asesinaban el domingo a una mujer de 35 años, al parecer axfisiándola con un cinturón. Se trataba de una auxiliar técnico educativa que ya había denunciado días atrás a uno de ellos por supuestas amenazas en el inmueble que les acoge, que no cuenta con cámaras ni personal de seguridad. Así lo aseguró ayer una compañera suya que entre lagrimas señalaba que “los menores son cada vez más agresivos, por lo que son necesarias más medidas. A quienes cometen estos hechos les sale muy barato matar”. Ayer, durante una concentración de profesionales de esta rama asistencial ante las puertas del centro de acogida de menores Marcelo Nessi de Badajoz, a la que asistieron representantes de diversas centrales sindicales, los participantes exigieron tanto a la Junta de Extremadura como a las empresas adjudicatarias de estos servicio de acompañamiento a menores que “tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, así como a los propios menores”. La muerte de la joven educadora ha avivado un debate que no es exclusivo de Badajoz y que sin duda obligará a reforzar la seguridad en este y otros centros de menores de todo el Estado. Pero además, prende la mecha sobre un asunto, el de los centros de menores, que no necesita polémicas para hacer aguas.
