HAY cuestiones que es mejor analizar en perspectiva, con bata blanca y ambiente esterilizado. Lo que viene a llamarse un examen objetivo, sin dejarse influir por los intereses de cada uno, porque de otra forma el resultado puede ser de lo más inapropiado, por no decir que falso. Les hablo del caso De Miguel, el argumento con el que algunos -políticos y medios de comunicación, ellos sabrán qué objetivos les mueven- pretenden sembrar una imagen: en Euskadi también hay corrupción y por ello los vascos somos tan españoles como los andaluces y sus ERE. No seré yo quien ponga la mano en el fuego para negar que en estos lares haya quien se lleva dinero fraudulento, pero tampoco tengo motivos para estimar que se trata de una práctica generalizada. Han pasado ya unas cuantas trilogías de Lakua desde el día en el que escuché a un empresario de la construcción quejarse amargamente de la obligación de reservar un porcentaje de las obras para protección oficial y, a continuación, indicar que a él le salía más rentable pagar un xporciento a la administración para que hiciera todos los pisos públicos que le viniera en gana, eso sí, lo más lejos posible de sus promociones. Esa voluntad de defraudar, de entregar dinero negro a quién sabe qué funcionario, prueba que siempre hay alguien dispuesto a engordar su patrimonio a costa de alimentar la avaricia de quien gestiona lo público. Pero esa certeza no puede derivar en la sensación de que todo el sistema es corrupto.
