Mesa de Redacción

Inmersión

19.12.2019 | 06:21
Igor Santamaría

EL Consejo de Europa acaba de dar un soberano sopapo a España por incumplir sus compromisos para preservar la riqueza lingüística ante las nefastas consecuencias de la ley Wert que, por ejemplo, ha provocado un grave retroceso del gallego. El informe aplaude por contra el modelo de inmersión en Catalunya tan denostado por los constitucionalistas -Miquel Iceta incluido- que propicia que los alumnos terminen sus estudios obligatorios con un alto dominio del catalán y el castellano; y pone en valor los esfuerzos de la Generalitat para la protección y proyección exterior de su idioma. Califica además de satisfactoria la situación del euskera en la CAV, comparando el actual 71% de hablantes de entre 16 y 24 años con el 25% de 1991, y recomienda reforzar su uso en Osakidetza y la Ertzaintza. Pero la conclusión de este examen respecto a la directriz de la Administración del Estado resulta desalentadora: "Las autoridades centrales siguen imponiendo el castellano en un amplio abanico de ámbitos", y entre ellos los procesos judiciales, como en la causa del 1-O. El poeta bilbaino Gabriel Aresti llegó a decir que solo podría considerarse español quien supiera las cuatro lenguas, lo que, a día de hoy, reduciría a la mínima expresión esta nacionalidad. Y es que en un país tan uniformador, lejos de percatarse de la riqueza del plurilingüismo, prefieren emplearlo de ariete político y tratar la diversidad como folclore. A no ser que quien hable sea Leonor.

isantamaria@deia.eus

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