SE entiende por incapacidad permanente absoluta aquel grado de invalidez laboral que se reconoce a las personas que sufren una enfermedad o lesión que no les permite realizar ningún trabajo en atención a un mínimo de rendimiento, eficacia y profesionalidad. El diputado del PP Juan José Cortes, cómo no, anunció que interpondrá querellas judiciales para defenderse del alud de críticas suscitado tras conocerse que recibe una pensión anual de 25.780 euros exenta de tributación por IRPF por esta especificidad por culpa de su depresión y unas hernias que no le impiden publicar sus fotografías en el gym dándolo todo, quién sabe si a ritmo de Rocky. Lo de menos son sus 16 euros en la cuenta corriente y que posea varios automóviles y locales, sino la anomalía en relación con tantas miles de personas que, sufriendo patologías muchísimo más severas, no hallan en tribunales médicos e instituciones la magnanimidad que encontró este mediático ciudadano metido a político -de ahí la sospecha- que pretende embolsarse los 2.972,94 euros al mes en catorce pagas, más gastos y complementos, por su acta. Algo no cuadra, porque la mayoría de ellas no podría realizar la actividad pública personalista de Cortés, los continuos viajes como parlamentario o estar atorado horas al butacón del Congreso, a no ser que crea, como justificó su partido, que el cargo adquirido en las urnas no sea trabajo sino un pasatiempo para el que no hace falta estar capacitado.

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