OYO estoy muy confundido y empiezo a imaginarme las cosas, o no responde a la realidad que el lehendakari haya abierto el debate –o el melón, si lo decimos en términos coloquiales– de la necesidad de unos órganos judiciales propios para los tres territorios de la CAV. Un repaso a las hemerotecas basta para encontrarnos a Iñigo Urkullu hace exactamente seis años afirmando que no cejaría en el empeño en dar respuesta a “la legítima aspiración de contar con una Justicia propia”. Son palabras literales pronunciadas en la apertura del año judicial en Euskadi en presencia, entre otros, del entonces delegado del gobierno español, Carlos Urquijo. Me cuesta poco imaginar cuánto arrugaría el morro el berroqueño político alavés del PP.
No deja de ser curioso a la par que revelador que el primero que se ha manifestado en contra de la propuesta haya sido quien hoy ocupa el mismo cargo que Urquijo. Dijo ayer Denis Itxaso que no es partidario porque “la Justicia ya tiene diferentes niveles”. Y, efectivamente, ese es el problema: que todos esos niveles atienden a una misma obediencia, que es la española. Si se vuelve a reclamar un sistema judicial propio es, precisamente, porque la experiencia demuestra que esa estructura opera al servicio del Estado para actuar casi en sentido literal como juez y parte en cada conflicto de competencias que se presenta. Cualquiera que crea en el autogobierno algo más que de boquilla no debería tener el menor problema en entrar, más allá de topicazos sobre lo identitario y dogmas demagógicos, a la cuestión que ha vuelto a poner sobre el tapete el lehendakari.
