Editorial

Gravísimo, ilegal, antidemocrático

El Gobierno español está obligado a dar todas las explicaciones, sin excusas de "seguridad nacional", sobre el espionaje masivo a líderes independentistas y, en su caso, depurar responsabilidades

20.04.2022 | 00:11
Gravísimo, ilegal, antidemocrático

DE confirmarse los extremos desvelados por una investigación de Citizen Lab publicada por New Yorker respecto a que más de 60 líderes independentistas y abogados catalanes y dos políticos soberanistas vascos han sido víctimas de espionaje por medio del programa Pegasus, el Estado español estaría ante un caso gravísimo de vulneración de derechos fundamentales que supone un menoscabo y deterioro profundo del sistema democrático y del estado de derecho. Se trata de la utilización de un sofisticadísimo software mediante su introducción en el teléfono móvil para tomar el control absoluto del dispositivo y acceder así a su contenido: llamadas, grabaciones, mensajes incluso encriptados, activación de cámara y micrófono, ubicación, agenda de contactos, etc. Es decir, una intromisión absolutamente invasiva en la vida tanto privada, familiar, como pública de una persona, que en muchos casos es un cargo o representante político. Aunque hay precedentes de sospechas de espionaje ilegal a políticos, periodistas, empresarios y activistas, el volumen y la identidad de las personas presuntamente afectadas en este caso –figuran los cuatro últimos presidentes de la Generalitat– le dotan de una mayor gravedad si cabe. El programa Pegasus, de fabricación israelí, solo puede ser adquirido por gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo y debe utilizarse exclusivamente bajo autorización y control judicial. De momento, la respuesta ofrecida por el Gobierno español al último caso desvelado es muy inquietante. Se ha limitado a desvincularse del posible espionaje y a defender que en España solo existe la intervención de comunicaciones "con el amparo de la ley", al tiempo que alega que se trata de materias secretas y de "seguridad nacional" para no dar mayores explicaciones. Una versión críptica que no descarta la presunta vigilancia bajo la autorización judicial o que se haya llevado a cabo por elementos incontrolados o del llamado Estado profundo, tipo Villarejo. Muy grave, muy lesivo y muy antidemocrático, en cualquier caso. El Gobierno debe dar todas las explicaciones, sin excusas de "seguridad nacional", y, en último término, investigar a fondo las estructuras del CNI, Guardia Civil o Policía Nacional que hayan podido proceder a estos sucios manejos y depurar responsabilidades sin subterfugios ni dilación.

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