L contundente auto emitido por la jueza que investiga la supuesta filtración de exámenes en la OPE de Osakidetza de 2016-17 mediante el que rechaza la imputación del exconsejero Jon Darpón y de cargos de Osakidetza -entre ellos, la exdirectora general María Jesús Múgica- y del IVAP supone la rehabilitación civil, social y política del responsable de Salud y vuelve a poner de relieve la cuestionable estrategia de acoso y derribo llevada a cabo por la oposición vasca. La magistrada que instruye el caso descarta de manera meridiana que exista indicio alguno para acusar a los cargos públicos sobre los que LAB solicitaba su imputación. El sindicato -personado en la causa- había solicitado la investigación contra ellos por “asociación ilícita”, revelación de secretos, fraude en la contratación y prevaricación o negativa a perseguir delitos. Por contra, el auto descarta que se hubieran constituido o “reunido con finalidad ilícita alguna”, ni que “hayan realizado o promovido ninguna conducta ilícita”. Es obligado recordar que Jon Darpón presentó su dimisión el 14 de marzo de 2019 tras una ofensiva de la oposición -apoyada también por los sindicatos, en especial LAB y ESK- en la que buscaban achacar responsabilidad y connivencia directa entre el consejero y otros cargos en el presunto fraude de las OPE, con el objetivo último de desgastar al Gobierno vasco y al lehendakari Iñigo Urkullu en vísperas electorales. La ofensiva había llegado a tal extremo que la oposición tenía prevista la reprobación de Darpón en el Parlamento Vasco para pocos días después de la dimisión e incluso amagaba con una moción de censura, todo ello en un clima político casi irrespirable. El auto de la jueza retrata esa maniobra electoralista de los partidos, en especial EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos, para quienes supone un fuerte varapalo porque pone al descubierto la rechazable política del todo vale contra el adversario con el fin de desgastar e incluso derribar al Gobierno, como también se demuestra día a día en la estrategia de los populares y Ciudadanos frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una estrategia que debería estar desterrada, aquí y en Madrid, sin que por ello quede mermada la necesaria labor opositora. La justicia, con todo, sigue investigando el presunto fraude y las irregularidades en Osakidetza, un proceso que debe desarrollarse con el máximo rigor y llegar hasta sus últimas consecuencias.
