Editorial

Blanqueamiento real imposible

28.02.2021 | 01:18

La regularización fiscal por más de cuatro millones de euros realizada por el emérito es una confesión en sí misma y un intento de eludir el delito pese a los empeños por salvar la monarquía

LA confirmación por parte del propio rey emérito, por medio de su abogado, de la segunda regularización fiscal que ha llevado a cabo por valor de más de cuatro millones de euros por pagos en especie no declarados durante varios ejercicios y los detalles a duras penas conocidos sobre el proceso han echado por tierra los denodados esfuerzos de las fuerzas monárquicas para blanquear tanto al anterior jefe del Estado como a la Monarquía española en su conjunto. En solo cuatro días, las andanzas y actitudes de Juan Carlos I han vuelto de forma irremediable al debate público. El injustificable ensalzamiento de la conducta del emérito durante los actos conmemorativos del 40º aniversario del golpe de Estado del 23-F buscaban, sin género de duda, apuntalar el cada vez más precario edificio monárquico. La defensa que realizó su hijo, el actual rey Felipe VI, del proceder de su predecesor le señala e invalida el presunto alejamiento de su figura y cuestiona de manera radical su pretendido comportamiento "ejemplar". Además, el rechazo del Congreso de los Diputados , con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y UPN, a que se revoque la inviolabilidad del rey y a que se retire el aforamiento tanto a Juan Carlos I como al resto de la familia real abundan en ese ya vano intento de blanqueamiento y blindaje de la monarquía. Los cada vez más escandalosos detalles de las operaciones opacas e irregulares del rey, sus comportamientos como los vuelos privados por todo el mundo con fondos de la Fundación Zagatka, su intolerable trato de favor –incluida la lentitud de la Agencia Tributaria en su investigación denunciada por los técnicos de Hacienda– o su huida a los Emiratos Árabes constituyen un presunto comportamiento delictivo que es necesario investigar, también judicialmente, imponiéndose la restitución de lo presuntamente defraudado y depurar responsabilidades. No se trata, como argumenta el presidente Pedro Sánchez, de una "conducta incívica". Va mucho más allá, porque esta regularización con Hacienda supone una confesión en sí misma y un movimiento legal que esconde el intento de eludir el presunto delito fiscal. Por ello es obligada una intervención e investigación rigurosas, aunque ello ponga en riesgo la estabilidad de la propia institución monárquica, nunca sometida al escrutinio público e institucional.