Editorial

Desamparo y reparación de las víctimas

17.08.2020 | 00:16

Cuando se cumplen tres años de los brutales atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, los damnificados se sienten decepcionados ante el próximo juicio en el que no hay acusados de asesinato

SI uno de los objetivos principales de la justicia ante cualquier delito –máxime si se trata de un execrable acto terrorista– es el establecimiento de la verdad, el reconocimiento y reparación de las víctimas y el reproche y/o castigo del victimario, aun con ánimo restaurativo y de resocialización, resulta muy probable que el proceso judicial sobre los atentados yihadistas del 17-A en Catalunya –de los que se cumplen hoy tres años– vaya a suponer una decepción, cuando no un fracaso, para la sociedad en general pero sobre todo para las decenas de damnificados directos. Tras la larga investigación, la Audiencia Nacional ha zanjado ya la causa principal de los terribles ataques de las Ramblas y Cambrils –en total, 16 muertos y más de 140 heridos– y ha abierto juicio oral sin ningún procesado por los asesinatos. Tras la muerte de ocho terroristas, entre ellos los autores materiales de la masacre, bien en la explosión del chalé de Alcanar donde guardaban los explosivos, bien abatidos por los Mossos d'Esquadra durante los días de los ataques, los tres únicos supervivientes de la célula yihadista que planeó y perpetró los atentados están ya a la espera de juicio, aunque bajo las acusaciones únicamente de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos. Es obvio que las circunstancias del caso han hecho de la investigación un proceso largo, delicado y muy enrevesado. De ahí que las acusaciones particulares y de algunas de las víctimas se hayan desmarcado de la Fiscalía y exijan largas penas de cárcel –superiores a los 2.800 años– y la prisión permanente revisable para los procesados, siendo la primera vez en la que se solicita esta condena en la Audiencia Nacional. Las víctimas, que no ocultan su frustración y decepción y denuncian desamparo, sienten que, además del desgarro inicial y la utilización y división política que supuso el atentado –perpetrado en medio de una gran tensión a solo mes y medio del referéndum independentista del 1-O– pueden, además, quedarse sin las indemnizaciones que les corresponderían al no juzgarse a ningún autor material de los crímenes. Se trata de un gran reto para la justicia y las instituciones del Estado. Las víctimas merecen y necesitan reconocimiento y reparación por el gravísimo daño causado. Aunque es dudoso que el juicio, que se celebrará en los próximos meses, se lo proporcione.