NA victoria pírrica es aquella que no merece el precio pagado por ella o que deja tan exhausto al vencedor que no proporciona ventaja. En las últimas horas, la extensión del estado de alarma se ha convertido en algo así para el Gobierno de Pedro Sánchez por la tensión introducida entre los socios del mismo -PSOE y Unidas Podemos- a raíz del acuerdo que propició la abstención de EH Bildu en el Congreso. El acuerdo en sí se limita a seguir la estela del compromiso de investidura del presidente Sánchez de derogar la reforma laboral del Partido Popular y ampliar los márgenes de endeudamiento que también tenía asumido. Su aportación añadida, en forma de inmediatez, se diluye en el difuso horizonte que la vincula al final de la situación excepcional del covid-19. EH Bildu ha sido hábil al proyectar como una victoria propia el pacto alcanzado con Adriana Lastra y Pablo Echenique. Del calado y recorrido final del acuerdo queda, no obstante, mucho por clarificar y ese camino no está exento del riesgo de acabar teniendo que ser renegociado una y otra vez como moneda de cambio de nuevas situaciones de necesidad del Ejecutivo español. Pero, a fecha de hoy, ha tenido la dudosa virtud de revolver el panorama político y económico poniendo por el camino en riesgo su materialización. El Gobierno español ha puesto sordina al alcance del mismo y los agentes económicos -sindicatos y asociaciones empresariales-, sujetos y objetos de la legislación laboral, se sienten suplantados, ninguneados por el modo en que se ha vendido el pacto. Parece que no se ha medido su alcance por parte de los negociadores del PSOE que han pensado que bastaba con refrescar el compromiso de Sánchez en su investidura para sumar una abstención en todo caso innecesaria, ya que la mayoría estaba garantizada sin ella. La corrección posterior, que buscaba despejar incertidumbres, solo ha servido para generar tensión con el socio de gobierno. Es cierto que hay una sobreactuación en la reacción al acuerdo por parte de quienes rechazan la derogación de la reforma laboral -que ya fue rechazada por PSOE, IU, PNV y ERC o Amaiur en su día- pero no es menos cierto que la indefinición que contiene introduce una inseguridad jurídica en el peor momento de una incipiente y profunda crisis de empleo y crecimiento que demanda del equipo de Sánchez huir de la improvisación.