EN 2020, una mujer ha sido asesinada por su pareja o expareja en el Estado español cada 108 horas. Ayer, en Córdoba, otra más. 14 mujeres muertas en 63 días. La realidad es escalofriante. Y lo es más aún si se comparan cifras: el año pasado, 55 mujeres fallecieron a consecuencia de la violencia machista, una cada 158 horas. Cuatro mujeres asesinadas más que en 2019 en las mismas fechas, vísperas de que un año más este domingo, el 8 de marzo, las mujeres renueven la exigencia por su igualdad de derechos. Y solo son parte de un drama inmenso. Hoy, el Consejo de Ministros debe aprobar la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que centra los delitos sexuales en la exigencia de consentimiento y no en la violencia o intimidación, es decir, en que si no hay consentimiento expreso es violación; pero cinco años después de que el Estado español ratificara en 2014 el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, esa nueva ley solo aborda una de las formas de violencia que dicho convenio define. Y se sigue sin completar el desarrollo de las medidas urgentes contra la Violencia de Género con que el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto trasladó el acuerdo unánime del Congreso, en noviembre de 2016, hace más de tres años, para promover un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género con 292 medidas estructuradas en 10 ejes de actuación. Hoy, en ese mismo Congreso, la tercera fuerza parlamentaria, Vox, reniega del Convenio de Estambul que define la "violencia contra las mujeres" como una violación de los derechos humanos. No, no es cuestión de leyes, aunque estas sean necesarias, imprescindibles, para la protección de la mujer y la persecución del delito. Ya la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señalaba que esta se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad y desde entonces ha habido al menos otras tres leyes que la modifican. La legislación es quizá mejorable pero nítida. Sin embargo, no siempre las herramientas públicas para combatir la violencia machista hacen efectiva la voluntad hecha explícita tantas veces. La violencia contra la mujer en el Estado español -1.045 asesinadas desde que empezaron a ser contabilizadas, solo en 2003- exige más prevención, más concienciación... pero también ser beligerantes con quienes la infravaloran y hasta la ignoran.