Editorial

Más vale tarde...

Tras 40 años de incumplimiento, el acuerdo para el traspaso a Euskadi de la treintena de competencias del Estatuto pendientes, incluyendo Prisiones y gestión de la Seguridad Social, se debe considerar histórico

21.02.2020 | 06:16

EL acuerdo sobre el calendario de traspasos de la treintena de competencias que el Estatuto de Gernika atribuye a Euskadi pero aún pendientes de concretarse más de cuarenta años después de la aprobación del mismo se puede considerar un paso histórico en la resolución del contencioso que en torno al autogobierno vasco establecido en el texto estatutario han mantenido las instituciones vascas y el Gobierno español prácticamente desde 1979. Aun si la definición final y completa del acuerdo debe esperar hasta finales de 2021, cuando se hayan elaborado y concertado los informes para la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social que estipula el artículo 18.2.b del Estatuto, la mera admisión por el Gobierno español de dicha transferencia y el establecimiento de una fecha concreta para su asunción -cuyo global en Euskadi supone al Estado más de nueve mil millones- termina con las resistencias estatales al traspaso, que tantas veces se han cimentado en una tan pretendida como falsa necesidad de preservar la "caja única" de las pensiones. Por otro lado, la concreción de la transferencia de Instituciones Penitenciarias, tal y como estipula el art. 12.1 del Estatuto, entre junio y diciembre de este mismo año 2020, supera también las resistencias de los sucesivos gobiernos del Estado, sin razón de ser cuando ya habían sido transferidas a otras comunidades autónomas y menos que nunca cuando se cumple casi una década del final de la violencia en Euskadi. El acuerdo, además, posee otra virtualidad, toda vez que la configuración de cuatro bloques de transferencias a partir de junio -un total de catorce deben completarse este año y el resto en 2021- evita que la negociación y su resultado se vean afectados o afecten al proceso electoral que se abre ahora en Euskadi y permite, con toda lógica, que sea el nuevo gobierno salido de las urnas el próximo 5 de abril el que lleve a cabo la asunción de las competencias con toda la legislatura por delante. También que la negociación de los dos últimos bloques, a cerrarse antes de la mitad de la legislatura del gobierno de Pedro Sánchez se vea condicionada por una eventualidad electoral en el Estado, lo que no es baladí cuando el cumplimiento de una ley orgánica a lo largo de cuatro décadas ha estado pendiente de situaciones de debilidad del ejecutivo de turno en Madrid... y de la capacidad política del PNV para hacerse valer en ellas.