LA decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de rechazar el recurso de Oriol Junqueras contra la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle como eurodiputado -pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre su inmunidad y al reconocimiento del Parlamento Europeo- es otra evidencia de la necesidad de desjudicializar el conflicto catalán y, por extensión, la política y, para lograrlo, del requisito imprescindible de la reforma de la justicia. Porque la resolución, que prima frente a la inmunidad previa del político catalán que hubiese impedido su enjuiciamiento la posterior sentencia firme contra Junqueras e ignora, contra el criterio de la Abogacía del Estado de solicitar el suplicatorio, el art. 9 del reglamento de la Eurocámara que lo exige (también su votación en el pleno), denota los condicionamientos que causa el sistema de elección de miembros de los altos órganos judiciales cuando estos deben resolver sobre asuntos que interesan ideológica o políticamente a quienes impulsaron su designación para los mismos. Ya no se trata solo de que sea el mismo TS, con cuyos miembros se forma la JEC, quien dictamine respecto a una decisión de esta; o de que en ese dictamen sobre Junqueras participen magistrados tan definidos como Díez-Picazo (de nombramiento polémico impulsado por Carlos Lesmes) o Jorge Rodríguez-Zapata (autor de un voto particular que consideró insuficiente el cepillado del Estatut por el TC); sino de las dudas que sobre la justicia expande el hecho de que ese sistema permita, como desveló en noviembre de 2018 el whatsapp de Ignacio Cosidó (PP) sobre el presidente del TS, Manuel Marchena, "controlar desde detrás" al tribunal, decisivo y decisorio en este y otros asuntos. También de la paralizada renovación del CGPJ -desde diciembre de 2018- y del pendiente relevo del presidente y otros tres miembros del Tribunal Constitucional, para las que se precisa una mayoría de tres quintos del Congreso (210 escaños) que PSOE y PP no alcanzan. Y de la posibilidad, por el contrario y al mismo tiempo, de que una formación como Vox, que ya estuvo en el origen de los enjuiciamientos a los soberanistas catalanes, pueda con sus 52 diputados presentar recursos contra cualquier iniciativa legislativa, incluso surgida del diálogo y la negociación, que pretenda resolver desde la transformación del Estado a su adecuación socioeconómica.
