Editorial

La lenta velocidad del Estado

La conclusión de los tramos asumidos por el Gobierno vasco en el trazado guipuzcoano del TAV vuelve a exigir un cambio de actitud en el laxo compromiso con las mismas de los sucesivos gobiernos del Estado

09.02.2020 | 10:28

LA conclusión por Eusko Trenbide Sareak (ETS) de la construcción de la plataforma ferroviaria del TAV en los tramos de que se ha hecho cargo el Gobierno vasco dentro del trazado en Gipuzkoa, y a falta de completar el acceso a Donostia desde Astigarraga por Adif, vuelve a hacer patente los distintos ritmos en las obras en función de que sean de ejecución vasca o estatal a resultas del laxo compromiso con las mismas de los gobiernos del Estado durante años, ya décadas. Sucede hoy con el gobierno en funciones de Pedro Sánchez lo mismo que en 2016 con otro gobierno en situación similar, aquel presidido por Rajoy, que ya supuso un retraso añadido en la ejecución de los trabajos y que finalmente llevó al incumplimiento del límite del 2019 -comprometido por el mismo Rajoy- y a su posterior prolongación hasta 2023, fecha que ahora mismo vuelve a ponerse entre interrogantes por la situación de inoperancia del gobierno. Esta, además, produce discrepancias, como en el caso del soterramiento de la entrada a Gasteiz, por el traslado de sobrecostes a instituciones que no tienen la responsabilidad de asumirlos. No es, por tanto, gratuito el planteamiento del lehendakari Urkullu de reclamar para ETS las obras de la superestructura del TAV, es decir, la instalación de vías y catenarias sobre la obra ya construida con el fin de acelerar los trabajos y poder alcanzar siquiera los últimos plazos establecidos en una obra que, conviene no olvidarlo, como parte del eje ferroviario de alta velocidad Madrid-Gasteiz-Dax fue declarada ¡en 1994, hace ya un cuarto de siglo! proyecto estratégico por el Consejo Europeo. Trece años después de iniciarse las primeras obras, el retraso de las mismas en comparación con el desarrollo de otros trazados de alta velocidad en el Estado solo puede ser, más allá de los efectos de la crisis económica en la inversión publica, resultado de la limitada implicación en las mismas de los sucesivos ministerios de Fomento que solo han logrado reducir los trabajados acuerdos conseguidos en Madrid en virtud de las necesidades parlamentarias de los gobiernos estatales de turno. Y, llegados a este punto, cumplir los objetivos que señalaban los últimos alcanzados en las sucesivas negociaciones con Pedro Sánchez y su gobierno exige no distraer la responsabilidad con una presunta excusa de competencias.

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