LA Asamblea de Madrid celebrará hoy un pleno de investidura sin candidato, lo que sería el colmo del despropósito de no ser porque dicho colmo radica en que esa posibilidad figura explícita en el nuevo reglamento de la Cámara y porque la situación de la Comunidad de Madrid, abocada a este paso a repetir las elecciones el 10 de setiembre, es más tónica que singularidad en la impostura en que parece haberse convertido la política en el Estado. Acontece algo similar con la (no) configuración del gobierno del Estado. El debate mediático entre Sánchez e Iglesias, entre PSOE y Podemos, parece alejar paulatinamente a ambas formaciones de un acuerdo del que nadie dudaba tras el 28-A porque era la mayoría lógica a extraer de la decisión de los ciudadanos, toda vez que, además, era la única posible en evitación de la inestabilidad, casi zozobra, de repetir de nuevo unas elecciones generales que serían las cuartas en cuatro años. Hoy, cuando quedan menos de dos semanas para la votación de investidura en el Congreso el día 23, la pasividad inicial parece derivar a tensión, dificultando lo que se daba por descontado diez semanas antes. Sin llegar a ese extremo pero sin salir del desvarío, en la Comunidad Foral de Nafarroa, quien será candidata a presidenta, María Chivite, pretende estar en la procesión y repicando y arriesga la estabilidad del acuerdo alcanzado horas antes con Geroa Bai y Podemos en la incontinencia declarativa de considerar la posibilidad de negociar una abstención de la derecha, incompatible con el pacto. Y, por ejemplo, en Catalunya, ERC y JxCat, en su pugna dentro del espectro soberanista, se achacan connivencias respectivas con el PSC que, sin embargo, ambos comparten y reflejan en diferentes ámbitos institucionales. Reducida la política a su aspecto declarativo y al cotejo sociológico de los resultados del marketing a cada instante, convierte en la práctica a sus protagonistas en rehenes de la inmediatez e impide el diseño del medio o largo plazo que se exige para hacer en lugar de decir. Es como si los políticos -con la notoria excepción de aquellos que, también desde Euskadi, instan y urgen a la definición de acuerdos que beneficien la gobernabilidad- hubiesen extraviado el sentido de la sensatez para responder a aquello que los votantes deciden cuando les otorgan su confianza.